Los fiscales del juicio del 'procés' han presentado varios informes al Tribunal Supremo en los que rechazan indultar, aunque sea parcialmente, a todos los condenados.

En los documentos a los que ha tenido acceso laSexta, uno de ellos relativo a Oriol Junqueras, los fiscales creen que la institución del indulto tiene "un carácter excepcional y sólo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública", que en este caso "no se aprecian" y que "nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos".

El Ministerio Público considera que las penas impuestas "no pueden considerarse injustas" dada la gravedad de los delitos que se cometieron ni "adolecen de falta de equidad". Asimismo, opina que "sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia" no es recomendable cuando "se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática".

Los informes los firman los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, quienes apuntan que aunque "el sujeto que delinque" y "el que otorga el indulto" no sean el mismo, "no puede erigirse en argumento suficiente para eludir la prohibición constitucional, pues lo que se trata de evitar es que la concesión del mismo pueda operar (...) como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios".

Los fiscales consideran que lo ocurrido en octubre de 2017 en Cataluña "no fue una sedición al uso", ya que fue algo más que una alteración del orden público. "Con el decidido propósito de declarar la independencia (lo que así hicieron) y segregar esa parte del territorio del Estado proclamando una nueva república (lo que no consiguieron), se produjo un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos (...) en el que las normas que se pretendían incumplir no eran cualesquiera disposiciones legales, sino la ley de leyes, la Constitución".

Además, constatan que "no hay arrepentimiento" y, con respecto a las penas, sobre todo ha de cumplirse la inhabilitación para cargo público, puesto que "el abuso de las funciones públicas ha sido determinante para el desafío al orden constitucional y para el uso ilícito de caudales públicos, so pena de vaciar absolutamente de contenido la sentencia dictada por el Tribunal Supremo".