La Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
Así solicita para él penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los 11 delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados. Una suma que alcanzaría los 70 años de prisión.
En su escrito, la Fiscalía señala que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation y la británica Vivaway Limited. Utilizando tales entidades, Rato habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015.
El escrito de acusación del Fiscal describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó Canosa, excuñado de Rato, y el asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, el primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses de RATO y el segundo administrando la sociedad española Kradonara, filial de Vivaway Limited y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.
Según la Fiscalía, la documentación intervenida en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, ha permitido conocer que el exministro ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.
Hasta ocho mecanismos de blanqueo
Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado, describiéndose en el escrito de la Fiscalía hasta ocho mecanismos de blanqueo, incluyendo entre ellos el uso del llamado "crédito lombardo" que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores, las propias inversiones de las sociedades de Rato en la sociedad alemana Bagerpleta Gmbh, las millonarias ampliaciones de capital en la propia Vivaway y en su filial Kradonara SL e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda, utilizadas para limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita.
Sobre la amnistía a la que se acogió Rato en 2012, señala el escrito fiscal que "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente…utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".
Más de 15 millones de euros de patrimonio no justificado
El análisis de la documentación intervenida ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda.
A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, han resultado cuotas defraudadas por importe de 7.470.163,96 euros en los ejercicios mencionados.
A esta cantidad hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de servicios profesionales del acusado a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, como es el caso de los servicios prestados a Telefónica o la realización de conferencias, tras su regreso a España tras haber dirigido el Fondo Monetario Internacional.
El total de las cuotas presuntamente defraudadas por las que Rodrigo Rato es acusado asciende a un total de 8.586.121,67 de euros.