La proposición de ley del PSOE que reformó el apartado penal de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley 'del sólo sí es sí', para volver a ponderar las penas en función de si medió o no violencia en la agresión sexual, ha entrado en vigor este sábado. Lo hace tres días después de que el Senado la aprobara definitivamente con 231 votos a favor, incluidos los del PP, 19 en contra y cuatro abstenciones, y uno después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La proposición socialista inició su trámite parlamentario después de ser tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 7 de marzo. El PSOE anunció formalmente el 30 de enero que presentaría esta iniciativa para evitar, a futuro, que agresores sexuales fueran condenados con penas menores a las anteriores, como resultado de la fusión de los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, que no ponderaba las condenas en función de la existencia o no de violencia, sino solo por el hecho de que no hubiera habido consentimiento de la víctima.

Sin embargo, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se opusieron al cambio, al entender que la propuesta del PSOE volvía al Código Penal anterior y dejaba de poner el consentimiento en el centro. Por eso, pese a las negociaciones entre los dos partidos del Gobierno para tratar de hacer frente a la alarma social suscitada por las rebajas de penas a convictos, ninguno de los dos movió un ápice sus posiciones.

El PSOE, que consideraba que había que anclar la ponderación de penas a un hecho objetivable como la violencia, terminó sirviéndose de los votos del PP, pese a haber proclamado que en ningún caso había negociado más que enmiendas técnicas con los populares.

De esta manera, la reforma aprobada supone que, en las agresiones sexuales, se aumentarán las penas mínimas y algunas máximas de la norma original para los casos en los que existe violencia e intimidación. Se busca así que los acusados no obtengan una condena inferior a la que obtendrían con la normativa anterior, aunque los presos que ya están en la cárcel por estos delitos podrán seguir beneficiándose de la revisión de sus sentencias.

Irene Montero lamenta el "retroceso" penal introducido por PP y PSOE

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que la reciente publicación en el BOE de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' implica un "retroceso" en los derechos de las mujeres desde el punto de vista penal, por no situar el consentimiento en el centro de la cuestión.

En una comparecencia conjunta con la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, con los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de Metro, la ministra ha tenido tiempo para referirse algunos asuntos de actualidad. En este escenario, ha valorado la reforma aprobada con los votos, entre otras formaciones, de PSOE y PP de la ley de libertad sexual o más conocida del 'solo sí es sí'.

Este nuevo texto, ya publicado en el BOE, modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación de forma que este delito eleve su castigo en hasta dos años de prisión, con respecto al texto de la norma del 'solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad. Al igual que ha explicado en otras ocasiones, la ministra de Igualdad ha subrayado que esto supone quitar el consentimiento del centro. No obstante, ha asegurado que el movimientos feminista volverá a pelear para que este vuelva al centro.

Por otra parte, Montero ha defendido que la ley despliega obligaciones de carácter integral que el Estado tiene con todas las víctimas de violencia sexual. Entre ellas, la ministra ha recordado algunos servicios como la asistencia jurídica gratuita, turnos de oficio, asistencia psicológica y viviendas de emergencia social.

En este sentido, la ministra ha apuntado que la "realidad" de la violencia sexual en España es que hay "un 92% de las víctimas que no denuncia". "La inmensa mayoría de las mujeres no denuncia", ha indicado Montero, que ha insistido en recordar que el Estado "tiene responsabilidades" con las víctimas.