El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la exposición razonada sobre el diputado regional del Partido Popular (PP) y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, para que sea investigado por favorecer a una de las empresas de la trama 'Púnica', Cofely, con un contrato de 73 millones de euros en materia de servicios energéticos para un periodo de 12 años.
El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho.
El aforado, que dirigió la localidad madrileña entre enero de 2012 y junio de 2015, "presionó" continuamente a funcionarios y cargos municipales para que pasaran información confidencial a Cofely con el objeto de beneficiar a esta compañía a cambio de comisiones y en perjuicio de las arcas públicas y de los intereses de la otra empresa licitadora que concurrían en el procedimiento.
A lo largo de 74 folios, Velasco explica que se investiga en esta pieza de la trama, liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza, los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles "en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal".
Velasco también apunta a la intervención para el cobro de dádivas de quien fuera "su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y el hermano de este, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid). Ambos actuaban como intermediarios con la empresa, que es filial del grupo GDF Suez.
Marjaliza, considerado 'cerebro' de la Púnica, participó también como asesor comercial externo de la empresa, conseguidor del contrato, intermediario con los cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el juzgado.
La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del "contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles", licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434 euros por un periodo de 12 años.