Dolors Bassa ingresó por primera vez en prisión de manera provisional el 2 de noviembre de 2017 por su participación en la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. El 4 de diciembre fue puesta temporalmente en libertad bajo fianza y más tarde, el 23 de marzo de 2018 ingresó de nuevo en prisión provisional sin fianza, junto con Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Raül Romeva, al considerar que había riesgo de fuga. Ahora, ha sido condenada a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por el Tribunal Supremo.

Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a la misma pena, mientras que la sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.

Según dicta la sentencia del procés, la Sala da por probada la existencia de violencia. Pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión". Además, considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".

La exconsellera de Trabajo durante el Govern de Carles Puigdemont defendió su inocencia en el macrojuicio por la causa del procés ante las acusaciones de rebelión, organización criminal y malversación, negando los hechos imputados y alegando que "carecen de fundamento".

Aseguró que siempre había tratado de "ser una servidora pública para el 100% de la ciudadanía catalana", por lo que "no podía desobedecer la demanda del 80% de la población que pedía votar". Además, argumentó que el referéndum del 1 de octubre "no fue un acto concluyente", sino que tenía el único objetivo de buscar un acuerdo de negociación.

De esta manera, la exconsellera resaltaba en sus declaraciones que "siempre" había "rechazado la violencia" y "jamás" la había "promovido". "No encontrarán nada ni en redes ni entrevistas que haga referencia a la violencia ni la promueva. Siempre hablo de diálogo y democracia", concluía.

"Su sentencia será la libertad en mayúscula de muchas generaciones"

En su última intervención durante el juicio del procés, Bassa no quiso entrar a valorar si se trataba de "un juicio político o no", como sí defendieron algunos de los acusados, y optó por apelar al Alto Tribunal, confiada en una sentencia absolutoria: "Su sentencia no será solo mi libertad, sino la libertad en mayúscula de muchas generaciones".

La exconsellera pudo disfrutar de un permiso de dos horas en agosto de 2018. De esta manera, pudo salir de la cárcel de Puig de les Basses, en Girona, donde había sido trasladada el cuatro de julio, y visitar a su madre que había sido sometida a una intervención quirúrgica.

Bassa afrontaba el juicio acusada de rebelión. Bajo la Consellería que dirigía se ocultaron gastos del 1 de octubre. Además, se encargó de retirar a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el día del referéndum, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación.

La Fiscalía pedía para ella 16 años por rebelión agravada con malversación; la Abogacía del Estado 11 años y medio por sedición y malversación; y la acusación popular ejercida por Vox, 74.