Los posibles indultos a los presos del procés independentista en Cataluña han levantado duras críticas en el seno del PSOE, donde hay una clara división de opiniones tras las palabras de Pedro Sánchez, de que es tiempo "para la concordia" y tras el rechazo del Tribunal Supremo en un informe en el que señala que no aprecia razones de "justicia, equidad y utilidad pública", y tampoco arrepentimiento.

Una de las voces más críticas ha sido la de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha asegurado que los indultos serán una "condena" para el PSOE: "Lo último que querría es que un indulto injustificado a alguien que quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para la organización que lo sustenta".

En esta línea ha remarcado que el indulto podría resultar "estéril" y que "sería un grave error de la democracia en caso de que se produzca". "Lo más grave de todo es que los afectados, aquellos que pervirtieron a sabiendas y a conciencia, deliberadamente, el orden constitucional, insisten hoy en que volverían a hacerlo, insisten en reincidir", ha criticado.

El expresidente Felipe González también se ha mostrado reticente y ha subrayado que la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego: "En estas condiciones yo no haría el indulto".

Opinión similar ha verbalizado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha señalado que es "evidente" que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible".

 

Se trata de posturas que preocupan dentro del PSOE, y es que según apuntan fuentes del partido a laSexta, hay inquietud porque gran parte de su electorado no va a entender la decisión. En este sentido, el partido pide responsabilidad a sus líderes territoriales ya que se tiene que hacer una importante labor de pedagogía.

Las mismas fuentes aseguran que Sánchez contaba con el rechazo del Tribunal Supremo, aunque no esperaba tanta dureza en sus argumentos. En este sentido reconocen que es un trago complicado, aunque creen que no hay otra opción, pues su apuesta es el diálogo -añaden- y empezar a dar pasos para el reencuentro con Cataluña.

De hecho, el ministro Ábalos se ha pronunciado ante las voces críticas en el seno del PSOE y ha recordado que "quien tiene la obligación de liderar hoy es el presidente del Gobierno". Así, señala que los que no tienen que tomar una decisión "pueden opinar" como "meros observadores".

Pero dentro del partido no solo hay voces discordantes. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ve en los indultos una pieza clave para empezar una "etapa de reencuentro": "Si el Gobierno de España cree, piensa, que los indultos suponen un paso importante para olvidar lo que representó el octubre de 2017; para fortalecer el diálogo imprescindible con las instituciones catalanas, y para contribuir en una primera etapa al reencuentro, la decisión será favorable".

Salvador Illa, líder del PSC, también se ha mostrado a favor de indultar a los presos porque se ajusta al estado de derecho y porque "ayuda" a ese "reencuentro". "La gran lección es que, fuera del Estado de derecho, nada sirve para nada más que para deteriorar la convivencia y generar un lío competencial y jurídico que genera caos", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser.

Por su parte, el director del Gabinete del presidente, Iván Redondo, ha afirmado que, para "arreglar" lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña, "en la vida y en la política a veces no hay solución fácil, pero siempre hay un camino". "Creo que para arreglar lo que ha pasado en la última década se necesitará un liderazgo valiente. Y no tengo más que decir, que suscribir todas y cada una de las palabras del presidente", ha afirmado durante comparecencia en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.

El PP amenaza con mociones y pide la comparecencia de Sánchez

Tras el informe del Tribunal Supremo, el PP aseguró que recurriría hasta el final los indultos, al Supremo, en caso de que se produjeran para "proteger" a la justicia y ahora ha amenazado con llevar a cabo mociones de censura en más de 8.000 ayuntamientos donde gobierna el PSOE si finalmente se conceden.

"Creemos que los 8.000 ayuntamientos de España pueden ejercer una revolución silenciosa contra este desafío que ha hecho Pedro Sánchez al Tribunal Supremo", ha señalado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en Telecinco.

El popular señala que esa vía institucional serviría para que el PSOE y otros partidos mostraron su opinión sobre los indultos. "Creemos que las mociones es una forma efectiva de conseguirlo, para ver qué votaría el PSOE de García Page y si es algo distinto de lo que puede votar el PSOE de Ximo Puig por el hecho de su cercanía o no de Pedro Sánchez", ha dicho.

Además, el Grupo Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez la próxima semana para explicar su "intención" de conceder indultos.

La oposición carga contra el ministro Campo en el Senado

El debate político ha seguido hoy en el Senado. La oposición han cargado contra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Fernando de Rosa, del PP, ha asegurado que están "muy alarmados" con esta posibilidad y le ha reprochado que "el que delinque y no se arrepiente, no puede obtener el perdón por mucho que un Gobierno dependa de ellos".

Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, también ha criticado que el Gobierno pueda decantarse a favor y ha señalado que, si sucede, "se entrometerá en la justicia": "¿Sin arrepentimiento piensa usted reescribir la sentencia? ¿Cree que una sentencia con todas las garantías es una venganza?".

El ministro ha respondido asegurando que "deberíamos ver el indulto con naturalidad", aunque ha puntualizado que eso "no quiere decir que no sea excepcional": "No tiene que asustar".

En el Senado, además, Junts per Catalunya, ha criticado que con el informe del Supremo "la justicia vuelve a hacer política" y ha mostrado su preocupación sobre que el presidente del Poder Judicial, Carlos "Lesmes, opine sobre indultos". ERC, por su parte, ha pedido al ministro que reforme los delitos de sedición y rebelión.