La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha defendido penar con alternativas a la cárcel los delitos de odio, como podrían ser las multas, la perdida de derechos políticos o trabajos a la comunidad relacionados con el delito cometido. Como ha señalado la política, esto permitiría la reinserción con el contacto con las víctimas.
Delgado ha defendido la "justicia restaurativa" para este tipo de delitos vinculados a la libertad de expresión, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía de 2020.
"Tenemos que empezar a resolver conflictos de otra manera", ha sentenciado Delgado, que, además de proponer "hablar con las víctimas a las que se hace daño a través de las redes sociales", cree también importante que se condene a trabajos para la comunidad para pagar esa deuda.
Estas declaraciones llegantras más de una semana de protestas y disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél a raíz de la letra de una de sus canciones y varios tuits. Sin aludir directamente a las manifestaciones y los altercados, que han sido más señalados en Barcelona, Valencia y Madrid, Delgado ha reivindicado que la libertad de expresión "no es violencia" y ha asegurado que "todas las acciones violentas que se han podido producir en determinados espacios serán investigadas".
El Gobierno ya anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Coronapara que no sean castigados con penas privativas de libertad.