Así lo han decidido en una reunión celebrada en Zaragoza convocada por la 'Coordinadora Recuperando' y que ha congregado a cerca de medio centenar de representantes públicos de una treintena de municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco.
Se trata de la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública, recuerdan fuentes de la coordinadora en una nota de prensa.
La reunión fue inaugurada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento de la capital aragonesa en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia, como ha sido el caso de la catedral de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o el templo de San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado.
El alcalde zaragozano apeló a los gobiernos autonómicos y al ejecutivo central "para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos". "Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía", añadió.
Los cargos públicos, explican dichas fuentes, se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento en que el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la Iglesias al amparo del 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado.
Según recuerda la coordinadora, la propia Conferencia Episcopal ha reconocido la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma del Gobierno de José María Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda, así como miles de monumentos históricos, plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones.
Paralelamente, la 'Coordinadora Recuperando' ha celebrado su tercera asamblea general para hacer un balance de actuación de 2018 y trazar sus objetivos estratégicos para 2019 a los que se suman nuevos colectivos como la 'Unión de Pagesos Catalana', 'SOS Monuments' y la asociación 'Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés' (Apudepa).
La coordinadora exige al Gobierno como primera medida la publicación del listado completo de inmatriculaciones y anuncia que no aceptará un "pacto en la sombra" con la iglesia para "escamotear toda la información disponible o negociar una solución en falso del problema".
Así, propone la cancelación de todas las inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son "nulas de pleno derecho" y sugiere la necesidad de afrontar una reforma de las disposiciones legales de protección del patrimonio histórico para reforzar la naturaleza de dominio público para aquellos monumentos de especial relevancia artística.