"El tema del trabajo para el partido se me ha acabado y yo he pactado que como no tengo curro de partido, pues que me darán otras cosas, por cojones". Una llamada telefónica de "El Bigotes" ha servido al instructor de la rama valenciana de Gürtel José Ceres para tirar de la manta.
Ceres ha cerrado la instrucción con 21 nuevos imputados, entre consejeros y altos cargos que formaban parte del Gobierno de Francisco Camps. Con los nuevos acusados, ya hay cerca de un centenar de encausados del Partido Popular en diferentes procesos judiciales.
También, estos casos de corrupción han rozado al expresidente. Sin embargo, éste siempre ha salido absuelto de las imputaciones.
La llamada que realizó "El Bigotes" se produjo justo en el momento en el que llegaba a Valencia, tras negarle el PP más trabajos en Madrid. A lo largo del auto de 263 páginas, el juez desglosa el 'modus operandi' de la trama para adjudicarse contratos en la época dorada del expresidente Camps.
En el texto se expone que "la irregular y plural contratación" se extendió por 9 consejerías. En todas ellas hubo "una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia".
Para eliminar la competencia se utilizaron, según el auto, un amplio repertorio de corruptelas. Para asegurarse el resultado, por ejemplo, se invitaba a un concurso a tres empresas, todas del grupo de Correa
También había procedimientos más sofisticados, como el fraccionamiento de la contratación. Un evento era dividido en adjudicaciones inferiores a 12.020 euros y así podía concederse a dedo.
En un Congreso organizado en 2005, 'El Bigotes' facturó 12.020 euros por el montaje del mobiliario y otros 12.020 euros por el montaje de la moqueta.
En algunos casos, la confianza en la adjudicación era tal que se comenzaba a ejecutar el servicio "mucho tiempo antes" siquiera de iniciarse el procedimiento administrativo y, en ocasiones, los pliegos se diseñaban "a posteriori" en función de las ofertas, según explica el auto, que califica de "sorprendente" la "tolerancia" en los fraccionamientos de los contratos.
El juez Ceres ha dado un plazo de diez días para que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.