laSexta ha tenido acceso a todos los documentos que se intercambiaron las Fiscalías para dirimir quién asumía la investigación del contrato de las mascarillas al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una causa que finalmente ha quedado divivida entre la Fiscalía Europea y Anticorrupción. La Fiscalía Europea se encarga de investigar la posible malversación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y el fraude de subvenciones y Anticorrupción mantiene la investigación por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
Pero hasta llegar al punto actual y a la decisión final, se sucedieron toda una cadena de comunicaciones a las que laSexta ha accedido.
Es el 1 de marzo cuando se decreta el inicio del procedimiento a efectos de verificación de la fiscal delegada europea, Concha Sabadell. Una causa que denominan como 'Priviet Sportive'. La alerta a la Fiscalía Europea llega desde el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda. Lo llaman "informe denuncia" y se acompaña de documentación. Una documentación que ya apunta a una "posible adjudicación irregular" del contrato de mascarillas a Priviet Sportive. Y añade la Fiscalía: "Una vez realizadas las comprobaciones oportunas en la base de datos del FEDER, según el expediente de adjudicación directa, el contrato de mascarillas FPP2-3 fue financiado íntegramente con fondos europeos". En el documento, la Fiscalía pone cifras también al perjuicio ocasionado a la propia UE: 1.512.500 euros. Los hechos se habrían cometido el 1 de abril de 2020, en España y sin indicios de que existan otros estados miembros implicados, explican.
Con ello se acuerda abrir investigación y pedir a Anticorrupción la documentación que tenga. La contestación del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no llega hasta siete días después. Contesta con un párrafo, no le manda nada y le pide el oficio del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y el anexo documental.
Sólo un día después, el 9 de marzo, contestan los fiscales delegados (Olga Muñoz y Luis Miguel Jiménez). Concepción Sabadell guarda silencio. Reprochan a Luzón que no les haya mandado la causa "sin dilación alguna" y señalan que su investigación tiene prioridad sobre la nacional. Dan a Luzón un plazo de 24 horas.
Son las primeras tensiones, en las que se recuerda el reglamento europeo y la obligación de "cooperación" ya que defienden que la Fiscalía Europea tiene prioridad sobre las otras fiscalías nacionales cuando los presuntos hechos delictivos sean de su interés. "La competencia de la Fiscalía Europea respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión debe, por regla general, tener prioridad sobre las reclamaciones nacionales de competencia", señalan. Y añaden: "En lo que respecta a dichos delitos, las autoridades de los Estados miembros deben abstenerse de actuar, a menos que sean necesarias medidas urgentes, hasta que la Fiscalía Europea haya decidido si procede asumir una investigación". Una cooperación que debe ser "leal" y de apoyo mutuo, insisten .
Tras la 'reprimenda' y sin cumplirse las 24 horas, el 10 de marzo contesta Luzón. En su escrito defiende que no hay delito de malversación de fondos europeos, sino delitos de corrupción que "revisten especial trascendencia" y los detalla. Además, recrimina que Anticorrupción ha pedido el informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y que no se lo han enviado. Defiende que no se convierta a su fiscalía en un organismo "automático" que simplemente se dedique a expedir informes y recuerda que antes de que se creara la Fiscalía Europea ellos ya investigaban estas conductas.
Toda una declaración de intenciones, en la que Luzón pone sobre la mesa sus cartas y en la que llega a acusar a la Fiscalía Europea de "construir" dos delitos: malversación de fondos europeos y fraude de subvenciones.
No obstante, Luzón emite un informe, ya avanzado por laSexta este martes, en el que se apunta que el propio papel de Ayuso "no está claro". "Se investiga así el posible trato de favor a una empresa por razón de la mediación del hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito", dicen textualmente.
Y en una segunda mención a Ayuso, hablan de que la investigación "atañe a delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas... en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid". Así, Anticorrupción contextualiza la causa en delitos que afectan a la Administración madrileña y no a los propios fondos, es decir, Ayuso y el papel de su hermano. Y Luzón va un paso más allá, acusando al organismo europeo de llevar a cabo "investigación prospectiva", es decir, una investigación sin fundamentos.
En este punto, la respuesta de los fiscales delegados europeos se dirige directamente a la propia Fiscalía Europea, a la que solicitan el 11 de marzo quedarse con toda la causa.
Tras esto, los hechos se precipitan. Luzón plantea el conflicto de competencia a la fiscal general (21 de marzo). Dos días después, Delgado parte la causa (23 de marzo) pero anula el decreto solo un día después porque no ha convocado a la Junta de Fiscales, como es preceptivo. El 28 de marzo, Delgado convoca a la Junta de Fiscales y dicta el decreto dividiendo la causa.