El Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, que dirige la investigación de la pieza separada del caso Alcàsser que permanece abierta, ha ordenado o autorizado varias pruebas de restos hallados en la fosa donde fueron enterradas las tres menores tras ser asesinadas.

En un auto, el instructor pide a la Guardia Civil que remita al juzgado los restos de la moqueta en la que fueron envueltos los cuerpos de la tres niñas para su análisis por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid.

Este análisis ya fue acordado a petición de la Asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen -que ejerce la acción popular en esta causa-, pero no se ha podido llevar a cabo porque no fue localizado el resto de moqueta y no se remitió al laboratorio especializado junto a otras prendas que van a ser analizadas. Sin embargo, una vez concretada la referencia de ese prueba, el instructor ordena ahora al servicio de Criminalística de la Guardia Civil que se persone en el almacén judicial de Ribarroja (Valencia) para que recoja esos restos y los traslade al juzgado, para que sean remitidos posteriormente a Madrid para las analíticas acordadas.

Por otra parte, el juez ha autorizado el análisis por parte de un laboratorio privado de Madrid de un pedazo de papel mojado que fue hallado en la fosa y sobre el que, en su día, se practicaron análisis que resultaron infructuosos.

La referida acusación popular ha presentado informes de este laboratorio madrileño en los que describen la posibilidad de que, mediante técnicas modernas, pueda tratar de descifrarse si existe algún tipo de tipografía, dibujo o numeración que pueda permanecer velado en este papel, del que se sospecha que pueda ser un billete de bus o una entrada.

Esta asociación ha pedido al Juzgado de Instrucción 6 de Alzira, que lleva la investigación del caso Alcàsser, que dé un impulso procesal a las pruebas acordadas y aún pendientes de resultados y que están dirigidas a la búsqueda de evidencias de sangre, semen y ADN en distintas muestras y restos del crimen de las tres niñas. En los últimos meses esta acusación ha promovido el análisis de pelos y otros posibles restos forenses en los vehículos de Miguel Ricart, que en 1997 fue condenado a penas que sumaban 170 años de prisión por el triple crimen y que se encuentra en libertad desde 2013, y Antonio Anglés, todavía buscado por los asesinatos de Toñi, Miriam y Desirée.