Carga contra el Poder Judicial
Bolaños acusa al CGPJ de "conservadurismo" y amenaza con recurrir al Supremo el archivo de su investigación disciplinaria contra Peinado
Los detalles Bolaños asegura que las "irregularidades" protagonizadas por el juez Peinado "han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia".
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad NacionalResumen IA supervisado
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impugnado la decisión del Poder Judicial de archivar su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. La queja se originó por el interrogatorio al que fue sometido como testigo en Moncloa. Según el recurso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha actuado con el rigor y la agilidad que se espera para preservar el interés general. Bolaños denuncia irregularidades por parte de Peinado, que han dañado la reputación de la Justicia, y critica al CGPJ por no corregirlas. Aunque no espera que el CGPJ revoque su decisión, confía en que el Tribunal Supremo defienda el buen nombre de la judicatura. Además, señala que han pasado 427 días desde la queja inicial, con una investigación limitada. Finalmente, Bolaños argumenta que los hechos denunciados afectan a cuestiones organizativas y no son estrictamente jurisdiccionales.
* Resumen supervisado por periodistas.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "conservadurismo" y ha amenazado con recurrir al Tribunal Supremo el archivo de su investigación disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado.
El recurso, adelantado por El País y al que ha tenido acceso laSexta, sostiene que "la actuación del CGPJ en este procedimiento (y, más en concreto, de los cinco vocales conservadores de la Comisión Permanente y del Promotor de la Acción Disciplinaria), difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general que la ciudadanía tiene legítimo derecho a esperar del órgano llamado a ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados".
Bolaños habla de "irregularidades" protagonizadas por Peinado que muchas son "ampliamente conocidas por la opinión pública". Estas, señala, "han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia". "Lamentablemente, el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial, evidentemente dañado por la instrucción protagonizada por el denunciado, también en mi declaración testifical", añade.
El ministro destaca que no presenta el recurso porque confíe en que la Comisión Permanente del CGPJ vaya a revocar su propia decisión, sino porque tiene "la convicción de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura".
La interposición del recurso de alzada, señala, "responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados".
Bolaños hace hincapié en que "desde la presentación del primer escrito de queja hasta la notificación del Acuerdo que ahora se recurre han transcurrido 427 días, a pesar de tratarse de una Diligencia Informativa circunscrita actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación". "Durante este prolongado periodo temporal la actividad instructora desplegada ha sido, además, francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación", añade.
Además, asegura que los hechos que se denunciaban "presentan una naturaleza que difícilmente puede calificarse como estrictamente jurisdiccional". "La exigencia de que una notificación se practicara personalmente al denunciante, la decisión unilateral acerca del lugar en que habría de desarrollarse una determinada diligencia, el condicionamiento de su práctica a la disponibilidad de un vehículo del parque móvil ministerial, o la innecesaria rotulación de un vehículo como policial, son actuaciones que afectan a cuestiones organizativas, de gestión o de modo de desarrollo material de determinadas diligencias, pero cuyo carácter exclusivamente jurisdiccional no resulta en modo alguno evidente", sostiene Bolaños.