La Audiencia Nacional ha comunicado este jueves que estudiará la suspensión del juicio por terrorismo contra los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Lo hará el próximo 27 de junio y tras admitir la petición del abogado Marc Relano Andrés. Este auto coincide en la misma jornada en la que se ha ratificado la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

Según ha podido confirmar laSexta después de acceder al mismo documento, la sección tercera de la sala de lo Penal del mencionado tribunal ha convocado a las partes para que así el abogado presente sus conclusiones a las que se hace referencia en el texto y en el que se expone que queda "verificado" que ha tenido "acceso digital a las actuaciones desde el 12 de enero de 2024".

No obstante, en nigún momento del auto que firma el presidente de la Sala, el magistrado Félix Alfonso Guevara Marcos, se hace alguna mención a la recién y polémica ley de amnistía que siempre ha sido un argumento utilizado por las distintas defensas de los acusados. En esta línea, justificaban que tras el proceso de tramitación de la ley y su entrada en vigor beneficiaría "sin duda" a los acusados.

La decisión llega después de que a principios del mes de abril -en plenas negociaciones de la nueva norma- el tribunal aplazara la decisión de suspender las diligencias ya que uno el letrados se encontraba de baja y no había podido defender sus alegaciones. De esta manera, en el auto de este jueves el magistrado concede "el plazo de conclusiones desde el alta médica".

Otro de los argumentos que los letrados utilizaron en su momento para paralizar y anular este juicio fue la falta de competencia de la Audienca Nacional para asumir la causa, al contrario de lo que consideró la Fiscalía. De hecho, el Minsiterio Público no dudó en acusar a estas personas por terrorismo, como sí lo hizo en el caso de Tsunami Demócratic, la otra causa del 'procés' abierta por el mismo delito en este tribunal.

La docena de miembros de los CDR habrían practicado sabotajes y acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta a la sentencia del 'procés'. Actos por los que la Fiscalía solitica entre ocho y 27 años de carcel, al considerar que incurrieron en delitos como pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.