855 millones. Es la cifra que la juez Alaya calcula que se ha defraudado con el caso de los ERE. En su exposición razonada ante el Supremo es tajante: la Junta promovió una subversión de la ley para favorecer a su entorno.
Y lo hizo con un procedimiento aparentemente simple: a partir de 2001 la Junta cambia la ley y en lugar de otorgar ayudas y subvenciones a través de la consejería de Empleo lo hace mediante dos empresas públicas: IFA e IDEA.
Así esquiva el control de laiIntervención y el dinero se reparte de forma discrecional entre sindicatos, despachos de abogados y aseguradoras. Lograron así importantes sobrecomisiones durante años.Y todo esto, asegura Mercedes Alaya, no pudo hacerse sin conocimiento de los máximos responsables de la Junta.
Con este sistema, dice la juez, se repartieron ayudas sociolaborales entre el entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz, fuera de cualquier control. Estos argumentos son los que llevan a la juez a decirle al Supremo que ve indicios de delito en la actuación de Chaves, Griñán y otros aforados.
Mientras, Manuel Chaves ha reaccionado insinuando una conspiración de Alaya contra el PSOE. Griñán y Chaves ya han dicho que declararán voluntariamente en el Supremo.