La postura que ha elegido la Abogacía del Estado es clave porque podría haberse quedado en la acusación por malversación, el delito por el que se personó, aunque durante la instrucción se adhirió a peticiones de la Fiscalía por rebelión y en agosto pidió la apertura de juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia.
Pero al incluir la sedición, entra en el fondo del asunto para cuestionar la tesis de la rebelión del juez Llarena. Y eso es importante, como advertían esta semana fuentes del Supremo de cara al recurso en el Tribunal de Estrasburgo.
Esto implica que si los independentistas son condenados por rebelión, podrán decir que ni el Gobierno de España apreció ese delito y además es el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, la que tendrá que defender la sentencia del Supremo: es decir, defender que hubo un delito, rebelión, por el que no acusó.
Una tesis que ya han cuestionado la Justicia alemana, Pascual Sala, Carmen Lamela (que imputó al major Trapero por sedición y organización criminal), Diego López Garrido y otros catedráticos.
Según fuentes jurídicas a laSexta, la Abogacía del Estado acusará este viernes a los independentistas presos de sedición y malversación, pero no de rebelión, por orden expresa de Moncloa. La Fiscalía va a acusar por rebelión "al 100%", según fuentes fiscales.