Venezuela ordena la detención de todas las personas involucradas en el ataque de EEUU entre protestas del oficialismo

El Gobierno de Venezuela ha ordenado la detención de todas las personas presuntamente involucradas en la promoción o el apoyo al ataque de Estados Unidos contra el país. Así lo ha hecho con la publicación este lunes del decreto de Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes al Ejecutivo y restringe garantías constitucionales.

Según la 'CNN', el decreto —con fecha del sábado— está firmado por el presidente Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por militares estadounidenses y actualmente detenido en Nueva York, y fue refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El texto instruye a los cuerpos de seguridad nacionales y municipales a "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional" de los implicados, con miras a su juicio.

La medida, que tiene rango de ley, se extenderá por 90 días y contempla una posible prórroga por un periodo igual. De acuerdo con la 'CNN', el contenido del decreto había sido preparado a finales de septiembre, tras el inicio de un despliegue naval estadounidense en el Caribe, pero fue actualizado con los acontecimientos del fin de semana.

La Constitución venezolana prevé la figura del estado de excepción en casos de conflicto que pongan en peligro la seguridad nacional. Según la 'CNN', es la primera vez que se invoca el Estado de Conmoción Exterior desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999.

El decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado, y somete temporalmente a su personal al régimen militar.

También faculta al Ejecutivo para requisar bienes necesarios para la defensa nacional y suspender derechos como el de reunión y manifestación, aunque mantiene las garantías vinculadas a la vida, la libertad personal, el debido proceso y otros derechos humanos considerados intangibles.

En declaraciones recogidas por la 'CNN', el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que un decreto de esta naturaleza implica la restricción de garantías constitucionales y concede al presidente "las más amplias facultades" en los ámbitos político, económico y social.

No obstante, también subrayó que existen límites establecidos por la Carta Magna.

Por su parte, el diario argentino 'Clarín' ha informado de que el decreto establece que la policía venezolana debe identificar, localizar y arrestar a cualquier ciudadano que haya colaborado con potencias extranjeras en la operación estadounidense.

El Gobierno la califica como una "agresión imperialista" y una violación de la soberanía nacional y considera dichos apoyos internos como actos de traición.

Medios estadounidenses han apuntado a la existencia de una fuente de la CIA dentro del Gobierno venezolano que habría monitoreado el paradero de Maduro en los días previos a la operación.

El decreto también autoriza el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios y permite al Estado asumir el control de refinerías, sistemas eléctricos y puertos, así como la requisa de bienes y servicios privados para fines de defensa.

Mientras, se han registrado protestas de seguidores del oficialismo en las calles de Caracas en rechazo a la operación estadounidense. Al mismo tiempo, se ha observado movimiento de personas en la frontera entre Venezuela y Colombia en los días posteriores a la captura de Maduro, en un contexto de tensión regional.

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