Sicilia ha ordenado la salida de todos los migrantes ilegales alojados en los centros de recepción de la región en las próximas 24 horas y sus traslado a otras partes de Italia. También ha prohibido nuevos desembarcos en la isla, aunque el Ministerio del Interior italiano ha dicho que esta cuestión no es competencia de las regiones.

Por su parte, el gobernador de esta región del sur de Italia, Nello Musumeci, ha firmado una ordenanza que impone la prohibición de "entrada, tránsito y estacionamiento" para "todo migrante que llegue a las costas sicilianas con barcos grandes o pequeños, incluidos los de las ONG".

También ha mandado que para la medianoche del lunes 24, "todos los migrantes presentes en los puntos de acogida y en todos los centros de recepción de Sicilia deberán ser trasladados sin demora a estructuras fuera de la isla". Además, Musumeci ha señalado que este domingo "se notificará a todas las prefecturas de la isla y al Gobierno nacional".

Por otro lado, según fuentes del Ministerio del Interior italiano, el tema de la inmigración no es competencia de las regiones, por lo que ninguna ordenanza puede decidir sobre esta materia. Además, el Ministerio ha tratado de calmar la situación señalando que la situación en Sicilia, que soporta una gran presión por los desembarcos masivos de migrantes, es un tema candente para el Gobierno, que trata de buscar soluciones para aligerar esa presión.

"Sicilia no puede ser invadida mientras Europa mira hacia el otro lado", ha escrito en Facebook Musumeci, que argumenta la necesidad de esta disposición alegando que, actualmente, no es posible garantizar una estancia en la isla cumpliendo con las medidas sanitarias para prevenir el contagio por coronavirus. "La Región de Sicilia pone a disposición de las autoridades nacionales el personal necesario para los controles sanitarios que permitan el traslado de los migrantes con seguridad", ha señalado en la ordenanza.

Por todo ello, la disposición de 33 páginas firmada por Musumeci señala que busca "proteger y garantizar la salud y la seguridad" en la isla ya que alega que "el constate desembarco de población migrante, mediante embarcaciones no autorizadas, incide de modo significativo y alarmante en el riesgo concreto de difusión del contagio, con evidente perjuicio para el orden y la seguridad públicos y, por ende, la tutela de la salud".