El Gobierno británico quiere imponer penas de seis meses de cárcel para las personas que trabajen de forma ilegal, según una propuesta contenida en el proyecto de ley sobre inmigración que será presentado este otoño en el Parlamento.
El viceministro de Inmigración, James Brokenshire, ha declarado que el Gobierno conservador seguirá combatiendo "los abusos" y dejará claro que el Reino Unido no es "blando" en materia de inmigración.
Además de esta pena, el proyecto de ley contendrá medidas contra restaurantes que empleen a trabajadores en situación irregular, como la retirada de la licencia para operar el negocio.
Los dueños de estos establecimientos, según el Gobierno, no podrán argumentar que desconocían la situación de sus empleados pues estarán obligados a verificar que éstos tienen la documentación en regla. "Vamos a seguir combatiendo los abusos y construiremos un sistema de inmigración que funcione para el mejor interés de la población británica", subrayó el viceministro en una declaración.
Tras su victoria en las elecciones generales del pasado 7 de mayo, el primer ministro británico, David Cameron, adelantó que su Gobierno tomaría medidas draconianas contra la inmigración ilegal.