El número de muertos a causa de la represión de las protestas antigubernamentales registradas de este viernes en varias ciudades iraquíes ha ascendido a 21, según ha confirmado la Alta Comisión para los Derechos Humanos de Irak.

El organismo independiente ha señalado que en Bagdad han muerto ocho personas, a las que se suman seis fallecidos en Nasiriya --donde ha sido asaltada la sede de un grupo paramilitar chií--, seis en Dhi Qatar y uno en Muzana.

Asimismo, ha manifestado que cerca de 1.800 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, han resultado heridos en el marco de estos incidentes, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Horas antes, el Ministerio del Interior había confirmado que dos manifestantes habían muerto en Bagdad. Las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos para intentar evitar que los manifestantes avanzaran hacia la conocida como 'Zona Verde', fuertemente fortificada y que aloja las principales sedes gubernamentales y diplomáticas.

Los manifestantes han salido de nuevo a las calles para mostrar su malestar con el Gobierno, a pesar de las promesas de reformas lanzadas en los últimos días por el primer ministro, Adel Abdul Mahdi, que el jueves por la noche prometió una remodelación del gabinete para la próxima semana.

Hasta la plaza Tahrir de Bagdad han llegado de madrugada un grupo de personas ondeando banderas de Irak y coreando lemas contra el Gobierno y el Parlamento. El ministro del Interior, Yasin Taher al Yasiri, se ha reunido con ellos y les ha prometido que las fuerzas de seguridad pretenden "proteger" a la ciudadanía y "no permitirán que nadie les ataque", según una nota del Ministerio.

"Todo lo que queremos son cuatro cosas: trabajo, agua, electricidad y seguridad. Eso es todo lo que queremos", ha dicho Alí Mohamed, de 16 años y uno de los manifestantes presentes en la plaza Tahrir de Bagdad, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

La labor de las fuerzas de seguridad ha sido puesta en entredicho después de que al menos 149 civiles y ocho agentes hayan perdido la vida en la reciente ola de protestas, según el balance oficial. Una comisión gubernamental reconoció que el 70 por ciento de los fallecidos presentaban disparos en cabeza o pecho.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha hecho eco de los informes conocidos en las últimas semanas, entre ellos uno difundido por la misión de Naciones Unida (UNAMI), y ha instado a las autoridades a investigar y juzgar a los responsables de los abusos detectados durante las protestas, que comenzaron el 1 de octubre por la "frustración" de la ciudadanía.

Ante la previsión de las "grandes protestas" de este viernes, una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, ha pedido "calma a todas las partes" y, en particular, ha reclamado una actuación "calibrada y proporcional" a las fuerzas de seguridad, "para que no se repita el terrible balance de fallecidos y daños" de las últimas semanas. Asimismo, ha expresado la "preocupación" de la oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet por el bloqueo de las redes sociales y el cierre "intermitente" del servicio de Internet.