11.36 de la mañana del 14 de agosto. Llueve con intensidad. Hay balsas de agua en la carretera y está nublado. Los coches empiezan a frenar bruscamente ante la caída del puente. Algunos avisan a los que vienen detrás con las luces. Más adelante, el vacío.
La búsqueda continúa por tercer día consecutivo y, mientras, en lo político, todos contra todos. El Gobierno italiano responsabiliza a la empresa concesionaria y quiere revocar su concesión a toda costa
"Quien no quiera revocar las concesiones a Autostrade tendrá que pasar sobre mi cadáver", declara Luigi di Maio, viceprimer ministro italiano. No le importa el coste que supondría, 20.000 millones de euros se estima porque Di Maio defiende que "frente a los muertos no hay cláusulas que valgan".
Asesores contratados por la concesionaria informaron del deterioro del puente ya en noviembre del año pasado. Más leña al debate ha echado, Antonio Di Pietro, el exministro de infraestructuras italiano que conoce bien el acuerdo firmado y defiende que "la caída del puente no es suficiente en sí misma para pedir la revocación de la concesión".
Di Pietro acusa al actual Gobierno de no haber llevado a cabo las reformas necesarias del puente y define a sus ministros como "ministros improvisados".
Se le juntan los ataques a Salvini. La oposición ha pedido su dimisión por las fotos en las que el ministro italiano aparece de fiesta con compañeros de su partido horas después de la tragedia.
