La orden del magistrado, Derrick K. Watson, con sede en Honolulu (Hawai), deja por el momento sin efecto la medida con la que Trump pretendía suspender la entrada al país de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.
La decisión de Watson supone un segundo revés legal para el Gobierno de Trump, que ya vio como la Justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto. Tras una breve pero infructuosa batalla legal, Trump presentó el 6 de marzo una versión revisada del veto, en la que introdujo algunos cambios rebajando el tono de la medida con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial.
Sin embargo, Watson optó por volverla a bloquear a instancias de una demanda interpuesta por el fiscal general del estado de Hawai, el demócrata Doug Chin, quien alegó que el nuevo veto es, como el primero, inconstitucional.
La de Watson era una de las tres cortes que estudiaban el futuro de la orden presidencial, con otras dos audiencias pendientes en tribunales de Maryland y del estado de Washington, este último el mismo que bloqueó el primer veto.
El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modifica la provisión sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original