El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron afrontará los próximos días su primera moción de censura, con escasas probabilidades de prosperar, por el escándalo desatado por su exjefe de Seguridad Alexandre Benalla, quien golpeó a unos manifestantes haciéndose pasar por policía.
El nuevo capítulo del mayor escándalo de la era Macron se abrió con el anuncio de moción de censura del centro-derechistaLos Republicanos, la principal fuerza opositora, y continuó con dos aguardadas comparecencias, las del primer ministro, Edouard Philippe, y el director de gabinete de Macron, Patrick Strzoda.
El presidente del grupo parlamentario de Los Republicanos, Christian Jacob, justificó la moción al juzgar que el Ejecutivo "ha fracasado" en la gestión de la crisis.
La moción de censura, que debería presentarse de aquí a finales de esta semana y votarse la siguiente, tiene remotas posibilidades de salir adelante, ya que el partido de Macron, La República en Marcha, goza de una amplia mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
"Deseamos que el Gobierno se explique", detalló Jacob, consciente de las escasas opciones de desalojar al actual Gobierno. Al anuncio de Los Republicanos, se siguieron las explicaciones ante los diputados de Philippe y de Strzoda.
La oposición cargó ante la indulgente sanción contra Benalla, a quien castigaron sin empleo y sueldo entre el 4 y el 22 de mayo, pero al que luego reincorporaron hasta que fue despedido el pasado fin de semana, cuando Le Monde ya había desvelado el vídeo que muestra las agresiones.
"Yo propuse los 15 días (de suspensión) y yo mismo transmití esa decisión al propio señor Benalla. El presidente de la República estaba a 10.000 kilómetros (de viaje en Australia). Era una medida de gestión interna (...) Nunca hablé de ese tema con el Jefe del Estado", indicó Strzoda, en la comisión parlamentaria que se desarrolla en paralelo a la investigación judicial.
El alto funcionario desveló que Macron tuvo conocimiento del alcance del castigo, pues el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler -el funcionario de mayor rango en la sede de la Presidencia- habló directamente con el presidente para informarle del asunto.
"Entiendo que se pueda considerar que (la sanción que tomé sobre Alexandre Benalla) no era adecuada. En lo que a mí respecta, asumo esa decisión", expuso Strzoda, quien contó que Kohler y Macron no se opusieron al mismo.
Asimismo, el jefe de Gabinete de Macron, que se jubilará en octubre, justificó por qué no denunció a Benalla por sus agresiones en la manifestación del 1 de mayo, tal y como recoge el artículo 40 del Código Penal (toda autoridad o funcionario público tiene la obligación de denunciar un acto delictivo).
"Es verdad que hubo una intervención de Benalla ajena a su profesión. No tenía que estar allí, pero consideré que no tenía suficientes elementos para evocar el artículo 40", agregó Strzoda, quien reconoció que fue él quien dio permiso a Benalla para participar como "observador" en esa manifestación.
Relató que fue Laurent Simonin, alto cargo de la Policía que figura entre los cinco imputados por este caso, quien invitó a Benalla como observador.
Después de que fuesen interrogados el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, y el prefecto de Policía de París, Michel Delpuech, la comisión de investigación seguirá su curso esta semana con algunas comparecencias muy esperadas, como la de Kholer, prevista para el jueves.
Antes que Strzoda, habló el primer ministro Philippe en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, donde consideró "proporcionada" la sanción a Benalla aunque dijo "poder concebir" que esta haya sido cuestionada.
"No digo que todo sea perfecto, digo que la reacción ha sido inmediata y que muestra nuestra voluntad de no ocultar nada", se defendió el jefe de Gobierno.
Mientras, el nivel de indignación sube tanto entre la oposición, que acusa al presidente de tener "una policía paralela", como en la opinión pública -el 80 % de los franceses se reconocen "chocados" por este escándalo-, Macron guarda silencio.