La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
"Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", indica la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Crimen de guerra
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros", o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva", según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene "responsabilidad penal individual" por el mismo tipo de crimen de guerra tras "haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros" desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó este viernes la CPI.
La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque "la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa" y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.
"Nula jurídicamente"
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.
Rusia calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto de Putin. "Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram. También ha hablado "de una ofensa indignante".
Borrell: "Es solo el comienzo"
El responsable de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha elogiado esta orden y se refirió a ella como una decisión importante, y subrayó que no puede haber impunidad. "La gravedad de los crímenes y la declaración de la CPI hablan por sí solas", ha dicho Borrell durante una declaración a la prensa en la capital de Macedonia del Norte, Skopje.
"Este asunto de la Corte Penal Internacional es solo el comienzo en el proceso para que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania", ha indicado el jefe de la diplomacia de la UE.
En cualquier caso, la importancia de esta orden vendrá a largo plazo. Aitor Martínez, profesor de de Derecho Penal Internacional, ha señalado a laSexta que el hecho de que Rusia no forme parte de la Corte Penal Internacional "implica que es difícil que pensemos en una entrega de Vladimir Putin a la Haya". Sin embargo, añade, estos crímenes son "imprescriptibles". "Si Putin viaja a un país, y ese país está obligado a cumplir con la orden de detención, él no estaría cubierto por la inmunidad de jefe de Estado", ha aclarado.