Los líderes de los Veintisiete, según han adelantado fuentes diplomáticas, pretenden dar un "impulso político" y fijar calendarios para cumplir con esos objetivos y promover el intercambio automático de información bancaria.

Bruselas calcula que la Unión pierde cada año 1 billón de euros por culpa del fraude y la evasión, lo que equivale a todo el producto interior bruto (PIB) de España. En los últimos meses, el debate se ha reactivado con varios escándalos como el de la cuenta oculta en Suiza del exministro galo de Presupuesto Jérôme Cahuzac y el "Offshore Leaks", la lista de supuestos evasores fiscales divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El impulso para avanzar en esta cuestión ha llegado tras la creación del "Grupo de los Cinco" (Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia) para trabajar en el intercambio multilateral de información y las declaraciones en favor de que ése será, previsiblemente, algún día el estándar global en foros como el G20.

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, propuso el martes que en el horizonte 2015 haya un intercambio de información sobre todos los tipos de ingresos. Luxemburgo advirtió en la antesala de la cumbre de que hoy no será posible ir más allá de las decisiones de los ministros de Economía de la UE el pasado día 14, cuando dieron a la CE el mandato de negociar con Suiza, Lichtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino nuevos convenios sobre información bancaria pero no avanzaron en otro aspecto clave, la revisada directiva sobre fiscalidad del ahorro.

Ésta se encuentra estancada desde 2008 por la oposición de Luxemburgo y Austria, que no quieren verse en desventaja frente a otros centros financieros y prefieren esperar el resultado de las negociaciones con esos países extracomunitarios.

Según una fuente comunitaria, varios países quieren la aprobación inmediata de esa directiva revisada mientras que Austria y Luxemburgo siguen resistiéndose, por lo que hoy se podría vivir un nuevo tira y afloja. El último borrador de conclusiones de la cumbre, en todo caso, se limita a poner el plazo antes del fin de año. En el plano de las multinacionales, la UE adelantará los trabajos sobre las recomendaciones de la CE sobre la planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios y pedirá a Bruselas que presente antes de fin de año una revisión de la directiva sobre sociedades matrices y filiales y examine las disposiciones contra los abusos recogidas en la legislación.

La política energética será el otro gran asunto de la cumbre, en un intento por movilizar ese ámbito para mejorar la competitividad, el empleo y el crecimiento. España estará representada en la cita por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene previsto reunirse bilateralmente con su homólogo de Letonia para tratar el ingreso del país Báltico en el euro, previsto para 2014.