El Tribunal Constitucional le ha desautorizado, pero como si no fuera con él y se tratara solo de un asunto autonómico, el Gobierno se hace el sueco. "El TC no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión", ha afirmado el ministro de Industria José Manuel Soria.
Pero al repasar el escrito del TC no parece, desde luego, un escrito superficial: "Los inmigrantes sin permiso de residencia, verán notablemente afectada su salud si se les impide el acceso a los servicios sanitarios públicos de forma gratuita, lo que repercutiría afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
Con toda claridad y concisión, el Constitucional afirma además que el derecho a la salud no puede estar supeditado a criterios de rentabilidad económica. Como el Gobierno, tampoco se da por aludida la Comunidad de Madrid, que dice sin escrúpulos que la decisión del Constitucional afecta solo al País Vasco. Una postura que asusta a los inmigrantes: "Nos preocupa que el resto de Comunidades Autónomas hagan oídos sordos a la decisión del Constitucional".
Habrá que ver si las Comunidades que aplican a rajatabla el 'apartheid' sanitario se empapan del criterio del Tribunal Constitucional. Pero, de momento, la medida entre los grupos de oposición del Congreso ha sido bien recibida. Rosa Díez ha dicho que "es lo más sensato, lo más justo y lo que más protege los derechos de todos".
Y muchos creen que es un varapalo para el Gobierno. Probablemente sea uno de los primeros revolcones que va a sufrir el Gobierno con el TC", afirma el diputado Joan Coscubiella, de Izquierda Plural. El Gobierno ha dicho que acata el auto. Otra cosa será que rectifique su decisión.