Según los sindicatos, con esta medida el Ejecutivo catalán ahorraría unos 370 millones de euros, la mitad de lo que el Govern prevé ahorrar en total en personal este año.
La Consejería de Gobernación ha pedido corresponsabilidad a los sindicatos y ha justificado la medida por los incumplimientos del Estado y por la obligación de hacer frente a los vencimientos de deuda.
"Si la medida no se aprueba el martes, el impacto sobre las pagas extraordinarias sería menor, pero afectaría a la mensualidad ordinaria de julio y agosto, además de junio y septiembre", ha asegurado.
El Govern prevé repartir este recorte anunciado entre las pagas extraordinarias de junio y diciembre, con un descuento del 50% en cada una, aunque se ha mostrado dispuesto a negociar aspectos como si se debe aplicar de manera lineal, progresiva o con mínimos exentos, pero que ve imprescindible aprobar la medida este febrero.
Según han explicado los portavoces sindicales, la Generalitat no les ha facilitado ninguno de los datos económicos que les han pedido, como el objetivo de déficit para 2013, la liquidación de 2012, y el gasto público previsto para este ejercicio, unas cifras que los sindicatos ven imprescindibles para poder negociar medidas alternativas al recorte salarial, por lo que han decido encerrarse en la Conselleria de Gobernación hasta que el Govern se los presente.
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