A las eléctricas no les gusta el nuevo sistema de fijación de precios que quiere llevar a cabo el Gobierno. Dicen que es imposible de cumplir y que les exige una inversión inabordable. A FACUA, la Asociación de Consumidores y Usuarios, tampoco les gusta, es más, dicen que es ilegal porque el usuario no va a conocer el precio hasta que se lo hayan cobrado. 

Por su parte, José Manuel Soria está encantado con la reforma eléctrica que se cocina en su ministerio. "Al final de cada mes los consumidores sabrán cuánto han consumido, cuál era el precio y cuál es el precio total que están pagando", afirma.

Sin embargo, las bondades que vende el ministro no convencen a las eléctricas que avisan del caos que se avecina, los 16 millones de usuarios que podrían acogerse al sistema tendrían 24 precios distintos al día, uno por hora. Además, se generarán 384 millones de registros diarios si a esto le sumamos las 61 modalidades de contrato existentes, las posibilidades son infinitas e inabordables para suministradoras y consumidores.

FACUA advierte de que el nuevo sistema "hará imposible al consumidor verificar si hay algún tipo de anomalía y dificultará enormemente que podamos reclamar la devolución de cantidades reclamadas". 

Lo único que ven con buenos ojos los consumidores es la supresión de la subasta, pero ojo los expertos alertan de que el verdadero mal no se ha erradicado.

Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis, afirma que "se elimina la subasta pero se sigue dependiendo de un mercado inflacionista". 

A estas pegas hay que sumar el déficit de infraestructura, los viejos contadores no están preparados para el sistema y los nuevos apenas están instalados. Las eléctricas dicen que adaptarse a lo que pide Moncloa es imposible porque, además, exigiría una inversión inabordable.