Paula tiene 30 años, y quería comprar un piso en la zona de Fuenlabrada, en Madrid. Después de varios meses de búsqueda, se encontró con uno de los fraudes inmobiliarios en auge en España: la reventa ilegal de viviendas de protección oficial. "Cuando llamaba a las agencias me decían que había algo importante que tenía que saber". Se refiere a que el precio de la vivienda era superior a la tasación, por lo que el interesado debía pagar parte del total en negro.
Las VPO son inmuebles promovidos por la administración pública con subvenciones como primera vivienda. No se pueden revender sin permiso de las comunidades autónomas, y menos a un precio libre. Porque quien gana el sorteo estatal para comprar un piso de protección oficial lo paga a un valor inferior al establecido por el mercado.
Ante la subida del precio medio de la vivienda en España, hay algunos beneficiados con estas ayudas estatales que encuentran aquí un negocio; ilegal, claro. Piden más dinero del que pagaron por una VPO, un sobreprecio que exigen en negro. Porque, al ser una actividad irregular, no lo pueden justificar.
"El dinero que te piden en B tienes que tenerlo en efectivo", explica Paula, que visitó más de 60 pisos y, de todos ellos, la mitad eran de protección pública. Ella se negó a ser parte de este fraude, pero muchos aceptan porque, si bien el precio del piso es más alto que el valor de tasación, sigue siendo más bajo que el precio medio en algunas zonas, principalmente en los ensanches de las ciudades.
"Ante la ley no se puede justificar el efectivo porque no es legal"
Pero atención, las viviendas de protección se pueden revender legalmente por encima del precio de módulo, eso sí, hay que descalificarla, y para eso hay que pagar una tasa y devolver todas las ayudas económicas públicas recibidas por el Estado con intereses. "Dependiendo del momento en el que se recibió la ayuda y el plazo transcurrido pueden ser cantidades significativas", explica el director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez. Como es un trámite que puede resultar extremadamente costoso, muchos incumplen la ley.
laSexta visitó un piso que tramita actualmente un permiso de venta ante la Comunidad de Madrid, pero no está descalificado, por lo que no puede venderse por encima del precio de módulo. Nos reciben, nos muestran los cuartos, la cocina, el baño, pero al final, nos advierten: "Tú vas a firmar que esta vivienda la has comprado por 193.000 euros, aunque la pagues a un precio más elevado", nos explican los agentes inmobiliarios.
El sobrecosto se exige fuera de contrato, y añaden: "Ante la ley no se puede justificar el efectivo porque no es legal. Es dinero en negro, por así decirlo". Esto lo dicen únicamente en persona, nunca por teléfono.
Los agentes inmobiliarios se excusan ante cualquier responsabilidad sobre la negociación: "Somos simples intermediarios, enseñamos la vivienda y presentamos los papeles para firmar". Y tranquilizan al posible comprador: "El problema lo puede tener el propietario, no tú, porque es él quien va a recibir el dinero”.
Así, justifican el sobreprecio en negro por reparaciones en el piso o compras de mobiliario. "Me pedían que firmara un contrato privado en el que yo debía asumir que el sobreprecio era por mejoras en la vivienda", explica Paula, que no desistía ante su búsqueda de piso.
Pero hay reformas que no podrían acreditar un sobrecosto tan alto. "Como las VPO no vienen amuebladas, podría justificarse un sobreprecio por mobiliario", explica el director de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, Jesús Manuel Martínez. Pero enfatiza: "Una cosa es valorar el mobiliario en 20.000 euros y otra es valorarlo en 5.000 euros. Y con los arreglos en la vivienda sucede lo mismo".
Las sanciones por esta práctica: de 6.000 a 60.000 euros
Si el comprador puede demostrar que desconocía el fraude o que el dinero que pagó por reformas o mobiliario excede a la realidad podría recuperar el sobreprecio. "Lo puede pagar y acto seguido, una vez finalizada la escritura, puede formalizar la denuncia ante la dirección de Vivienda de la Comunidad Autónoma y solicitar el sobreprecio", manifiesta el experto inmobiliario.
"Las VPO han estado durante años a un precio superior al valor de mercado, y ahora es a la inversa: el mercado supera los precios de una VPO y aparecen estas ventas no permitidas", advierte Javier Rubio Gil, abogado especialista en derecho de la vivienda.
Madrid es precisamente una de las regiones donde esta práctica ha vuelto a florecer. Especular con un derecho fundamental puede salir caro. La Comunidad de Madrid aplica 200 sanciones anuales por esta actividad ilegal. "Las multas y las sanciones son lo suficientemente importantes para que quede claro que con la vivienda protegida no se juega", agrega el jerarca. Una simple oferta en negro: 6.000 euros. Pero si la venta con dinero B se concreta, la sanción puede alcanzar hasta los 60.000 euros.
Para evitar que la puerta quede abierta a estos fraudes inmobiliarios, la denuncia debe hacerse ante la dirección de Vivienda de cada comunidad autónoma.