En un escrito, la entidad ha solicitado al juez Fernando Andreu que rechace la prueba reclamada por UPyD en julio, que incluía una veintena de testificales, -entre ellas la de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde-, documentación sobre operaciones que denominaba "sospechosas" o la aportación del denominado "caso Blesa" a la causa.
Según Bankia, todo ello "evidencia" la intención del partido de abrir una causa general y prospectiva contra ella "para ver si tropieza con algo", intentado convertir el procedimiento en una "inquisición general". "La querellante presupone gratuitamente que cualquier actividad realizada por Bankia, BFA o incluso por las cajas de ahorro (...) revestía de una intención criminal", exigiendo una "arbitrariedad" de prueba que solo llevaría a la dilación del proceso y, por tanto, a la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados.
UPyD instó además a que la Fiscalía y Bankia remitieran al Juzgado información sobre una treintena de "operaciones denunciables", así como los expedientes de inversiones u operaciones de "elevada cuantía o especiales características". En este punto, el escrito cuestiona por qué "Bankia habría de desnudarse completamente en este procedimiento, prescindir de sus secretos empresariales, poner en riesgo la confidencialidad de sus operaciones más sensibles y relevantes y servir esa información en bandeja a sus competidores", puesto que, si llega a la causa, el grupo perderá "el legítimo control de su información más sensible".
"¿Debe ceder el secreto empresarial ante las caprichosas peticiones de la acusación popular?", se pregunta antes de insistir en que tanto Bankia como BFA, imputadas en el caso, tienen derecho a no declarar contra sí mismas pero, sin embargo, son ellas las que tienen que aportar toda esta documentación.
La sospecha sobre la presunta comisión de un delito que mantiene UPyD, prosigue, "no puede servir para despojar completamente a la empresa investigada de su derecho a preservar su información comercial u organización sensible y a mantener tal información alejada de sus competidores". A ello se suma el "elevado coste humano y económico" que supondría para la entidad recabar toda la documentación interesada.
En estos términos se expresa también BFA en su escrito, en el que da un paso más para advertir que, de ser acordadas, las diligencias interesadas por UPyD podrían "derivar en una eventual nulidad de lo actuado, por vulneración de principios y derechos constitucionalmente reconocidos". "Todo tiene un límite", asegura BFA, que pide a Andreu que ponga coto "a la petición indiscriminada de pruebas infundadas" con las que la formación pretende que el grupo abra "sus entrañas al público" e iniciar una causa general.
Por último, al igual que Bankia, critica su intención de que asuma la investigación por la que el juez Elpidio José Silva envió en dos ocasiones a prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, -quien también ha exigido al magistrado que no acceda a esta petición-, porque fue declarada nula por la Audiencia Provincial de Madrid.
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