El Ministerio de Empleo quiere que, a partir del próximo año, las agencias de colocación privadas ayuden a reducir de los casi seis millones de parados. Para ello, está dispuesto a pagarles. El servicio público de empleo desviará al parado a una agencia de colocación privada, que cobrará entre 300 y 3.000 euros por encontrarle trabajo en función de factores como el tiempo que lleve en el paro.

Desde Comisiones Obreras, Paloma López, secretaria de Acción Sindical, no se muestran "en absoluto de acuerdo con esta nueva privatización de los servicios públicos".

Si el parado no encuentra trabajo, la agencia no cobra, aunque hay una salvedad, la existencia de sanción al desempleado. Es decir, si un parado rechaza el puesto y se demuestra que está trabajando en negro mientras cobra una prestación, la agencia de colocación cobraría un 15% de lo que se llevaría y el parado, una multa del ministerio.

En palabras de Clara Lapesa, directora de Acalaca ETT, por su parte no pretenden ser "espías del estado", sino que lo les "interesa dar trabajo al desempleado".

Los sindicatos creen que las agencias se verán obligadas a actuar como inspectores para ganar más dinero en sustitución de los servicios públicos de empleo. 

Sin embargo, no es la única medida contra el fraude que ha aprobado el ministerio de Empleo, recientemente ha puesto en marcha un buzón para que los ciudadanos denuncien de forma anónima prácticas laborales fraudulentas.