El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor la organización ecologista WWF en su denuncia al Ministerio de Industria por no facilitar información ambiental sobre el proyecto de construcción de la refinería Balboa, en Extremadura, y confirma el acceso a este tipo de datos como "un derecho básico de los ciudadanos".

De esta forma, el TSJM declara nulas las resoluciones dictadas por el Ministerio de Industria respecto a una solicitud de información ambiental presentada por WWF España ante la Dirección General de Política Energética y Minas en 2009.

En concreto, la organización pidió el resultado de las consultas transfronterizas con Portugal y la documentación complementaria al Estudio de Impacto Ambiental realizadas en relación al proyecto de construcción de la refinería Balboa en Extremadura.

Esta sentencia declara que la Dirección General de Política Energética y Minas incumplió la legislación porque debía haber contestado la solicitud de información ambiental de WWF en el plazo de un mes. Además, añade que la Secretaría de Estado de la Energía también se saltó la Ley porque denegó la información a la ONG cuando esta se la solicitó.

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia, el TSJM recuerda que el análisis de la cuestión planteada "exige partir de la regulación que sobre el derecho a la información en materia medioambiental se contiene en la Ley 27/2006" y "recuerda que el artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto".

"De este modo, se dice, todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente y, correlativamente, impone también a todos la obligación de preservar y respetar ese mismo medio ambiente", concreta.

Parte asimismo de la consideración de que, "para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, destacando la participación en el proceso de toma de decisiones públicas que con carácter general consagra el artículo 9.2 de la Constitución y, para el ámbito administrativo, el artículo 105".

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha celebrado esta sentencia que "recuerda el deber de todos los poderes públicos -y no sólo del Ministerio de Medio Ambiente- de cumplir las leyes ambientales". "Sin embargo, es criticable que esta decisión haya tardado cuatro años en llegar", ha concluido.