Les vemos en televisión o en las redes sociales hablándonos de ciencia y ayudándonos a comprenderla. Son divulgadores científicos. Ellos defienden que la divulgación científica contribuye a que haya personas más libres. Pero su labor también es importante porque es un derecho.

"El Estado debe garantizar esas infraestructuras, esos medios esos recursos para que el conocimiento que generan los organismos públicos de investigación lleguen a la ciudadanía", explica Elena Lázaro, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Además, los ciudadanos también tienen derecho a saber en qué se está invirtiendo ese dinero.

Pero como casi todo relacionado con la ciencia, la divulgación hecha desde las Unidades de Cultura científica o con actividades abiertas al público general necesita más recursos. Por eso hay que firmar para conseguir el objetivo del 2%.

Los propios divulgadores señalan los beneficios que esto tendría para el conjunto de la ciudadanía: podrían tener más información, de una manera más adecuada, mejor comunicada. Y en esto, como en casi todo España sigue unos pasos por detrás.

Si en nuestro país hay dedicadas a la divulgación una media de dos personas por universidad, en Reino Unido, hay una por cada departamento de esa universidad. Es decir, más personal. Otro ejemplo: en Bélgica para presentar cualquier proyecto de hace falta un plan de comunicación para que se financie. Aquí no.

La falta de inversión hace que a esta divulgación se pueda dedicar pocos recursos. "El poco dinero que recibimos se dedica a la investigación pura y dura", reconoce José A. Morales, divulgador y profesor de la UCM.