Las familias de los 7.291 ancianos muertos en las residencias sin posibilidad de ser atendidos en un hospital y sin asistencia a cuidados paliativos tienen la esperanza de que Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez Peromingo apunten hacia arriba y reconozcan que los protocolos de las vergüenzas no partieron de su decisión autónoma sino de un mandato de José Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad e Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. Es normal que tengan la esperanza de que reconozcan lo obvio, que una decisión tan infame no puede salir de unos cargos medios, pero les aconsejaría que no se hagan muchas ilusiones de que saquen algo de coraje y dignidad, al menos en esta fase de la instrucción judicial porque van a seguir siendo leales a la omertá obligada por la cuenta que les trae.

Cualquiera puede pensar que ahora, que les han investigado, no se van a comer el marrón, que preferirán mirar hacia arriba y delatar a quienes les dictaron firmar y elaborar esos protocolos infames con los que dejaron morir sin esperanza a los más vulnerables. Pero las cosas no funcionan así, no con la derecha, no con el PP, menos en Madrid. Aquí se funciona como una mafia. Lo primero es cuidarse entre ellos, no delatarse y garantizarse privilegios y favores. Los que hoy van a declarar como investigados saben que han llegado a lo que han llegado en su carrera profesional por seguir unas normas de obediencia y silencio. Saben que se les cuidará por proteger a los capos, saben que tienen mucho más que perder si hablan, saben que les merece mucho más la pena la posibilidad de ir a la cárcel, en el caso de que sea así, que perder la protección de la familia incluso entrando en prisión. Porque después se saldrá y te darán el premio. Y apuntando hacia arriba tendrás la trena y la venganza.

No creo que en Madrid se sea consciente del nivel de infamia con el que se maneja la política madrileña y el poder que mantiene al PP gobernando. La ingente maquinaria que dispone del botín de la comunidad más rica de España despedazará a cualquiera que la ponga en riesgo. Mur, Burgueño y Peromingo negarán todo y no se atreverán a señalar hacia arriba porque saben perfectamente que la cárcel es bastante mejor opción que ponerse en contra de quien maneja la llave de la caja en Madrid. No quiero que las familias de los 7.291 tengan demasiadas esperanzas porque son buena gente, humilde y vapuleada, que ya ha sufrido demasiado. Me daría por satisfecho con que se reconociera que en Madrid se dejó morir a sus familiares y que Ayuso tenga que pagar políticamente por ello aunque sea por la vergüenza de tener que asumir cada día de su vida que se le recuerde que dejaron morir entre sufrimiento y agonía a 7.291 personas grandes dependientes.

En Valencia hemos visto cómo funciona la compra de voluntades. Maribel Vilaplana, en silencio para garantizarse seguir trabajando y haciendo dinero con normalidad al calor del PP. Los escoltas de Carlos Mazón, premiados con una medalla al mérito por no decir nada de dónde estuvo el President en esas horas críticas donde los valencianos morían. Salomé Pradas echando la culpa al gobierno central y asegurándose así un puesto de trabajo en una universidad privada con un porcentaje importante de financiación de la Generalitat. La familia se protege y no conviene quedarse fuera porque hace un frío desolador si abres la boca, el calor está asegurado si no delatas a los jefes.

Mur, Burgueño y Peromingo son demasiado pusilánimes para mostrar algo de decencia. No esperemos nada de ellos más que que las pruebas sean tan abrumadores que ni una judicatura con personajes como Peinado en su interior pueda evitar una condena. Son personajes de una calidad moral ínfima que habiendo hecho el juramente hipocrático firmaron unos documentos que impedían la atención médica a los más vulnerables, a los grandes dependientes, que impedía que se trasladara a alguien para tener la esperanza de morir sin dolor simplemente por el hecho de estar alojados en una residencia y si no eran lo suficientemente ricos como para pagarse un seguro privado. Un triaje político masivo que discriminaba a la gente por incapacidad, vieja y pobre. Una decisión malthusiana más próxima al programa que se daba en el Tiergartenstrasse 4 de Berlín que a lo que se espera de una institución sanitaria democrática. No pidamos dignidad a los que se la negaron a ancianos pobres.