En España ha aparecido un nuevo concepto necesario para hacer política. El nuevo peaje recibe el nombre de "recorrido ético" y se le ha exigido a Bildu para considerarlo un socio aceptable para hacer gobiernos, acuerdos y coaliciones. El concepto de nuevo cuño se refiere a los pasos necesarios dados en la restitución del dolor a las víctimas del espacio del que es legatario y heredero político. Una consideración que sería loable si se hubiera exigido a todos los actores políticos desde la Transición, pero el cinismo existente en un país como España para exigir recorrido ético de reparación a las víctimas para hacer política es difícilmente descriptible. Increíble, pero ha ocurrido.

La democracia de este país logró hace tiempo la deshonrosa capacidad de haber sobrepasado las líneas rojas morales que son necesarias para que aceptemos a otros hacer política sin que nunca apareciera ese concepto subjetivo tan inasible como el del recorrido ético. Manuel Fraga, presidente de honor actual del PP, fue un ministro franquista que mediante la manipulación de pruebas facilitó la ejecución del comunista Julián Grimau. Rodolfo Martín Villa, el máximo responsable de la matanza de Vitoria, hizo carrera política y empresarial en la oligarquía democrática con loas y alabanzas de lo más granado de nuestra sociedad. Garcia Juliá, asesino de los abogados de Atocha, se presentó en las listas municipales de Falange en Bilbao en las últimas elecciones sin que la derecha denunciara la tropelía a las víctimas que eso suponía. Arturo Espejo, un Guardia Civil implicado en la desaparición y asesinato de Mikel Zabalza, fue ascendido recientemente en el escalafón con Marlaska de ministro. Manuel Sánchez Corbí, un torturador condenado e indultado, llegó a los más altos puestos de dirección de la Guardia Civil y tuvo la indecencia de escribir un libro para explicar la lucha contra ETA. Esto es España con su recorrido ético pleno.

¿Qué legitimación moral tienen los que han justificado y justifican esto para exigir recorrido ético a otras formaciones? ¿Por qué los marxistas tenemos que soportar que los asesinos de nuestros líderes puedan hacer política? Para que Fraga fuera considerado un padre de la Constitución se tuvo que aceptar su participación en democracia por parte de todos aquellos que habían sufrido la represión que ejerció cuando era un prohombre de la dictadura. Nadie exigió un recorrido ético a Alianza Popular, ni al Partido Popular, para considerarlos un interlocutor válido. Se aceptó que hicieran política a pesar de su pasado con las manos manchadas de sangre. Han pasado solo 12 años desde que ETA dejó la violencia y 48 desde que acabó la dictadura. En el año 2007 le preguntaron a Fraga si se arrepentía y dijo que no tenía por qué hacerlo. En el periodo que transcurre desde el fin de la violencia etarra hasta nuestros días Bildu ha hecho más por la reparación, el perdón y la restitución de las víctimas del terrorismo que el PP en todos los años que llevamos de democracia con las víctimas que provocaron aquellos de los que son herederos.

La memoria tiene que ser integral y el respeto a las víctimas no puede ser selectivo, tanto respeto merece Gregorio Ordóñez como Julián Grimau. Es completamente necesario exigir un respeto escrupuloso a las víctimas del terrorismo por parte de Bildu, igual que se lo exigimos al PP con las víctimas de franquismo. Pero España, como sistema político y democrático, está completamente deslegitimado para exigir ya a ningún actor político ese recorrido ético cuando se ha construido en el desprecio a las víctimas del franquismo y en la aceptación como actor político principal a quien lleva décadas humillando a las víctimas y sus familias. La pasada semana, un lector me recordó el caso del PP en Calatayud como ejemplo del desprecio absoluto a las víctimas del franquismo que la derecha española ha realizado sistemáticamente sin que nadie les exija nunca la necesidad de un recorrido ético para ser un actor político válido.

En el barranco de la Bartolina de Calatayud se enterraron los restos de centenares de republicanos represaliados por el bando fascista. Se estima que podrían haber sido enterrados en esa zona entre 600 y 2000 asesinados por las tropas de Franco. Los familiares estuvieron años intentando recuperarlos, pero ocurrió un suceso que es difícil comprender por su crueldad. El ayuntamiento de Calatayud, gobernado por el PP, con su alcalde Fernando Martín Minguijón, consideró que era una buena idea usar las fosas comunes donde se sabía que descansaban los restos de decenas de personas para ubicar un vertedero municipal. Después de varios años de uso del vertedero, el ayuntamiento del PP consideró que había que sellarlo y para ello utilizó la arena de los enterramientos para compactar las basuras uniendo los detritos a los restos de los represaliados y haciendo imposible la recuperación e identificación de los republicanos fusilados. Los familiares de las víctimas contaron cómo el ayuntamiento del PP sacaba los restos con una pala excavadora y los usaba para tapar la basura del vertedero. Fernando Martín Minguijón hizo una carrera prolífica en el PP consiguiendo ser diputado en las cortes de Aragón y senador, y nadie nunca le exigió recorrido ético para lograr sus puestos. Simplemente piensen qué ocurriría si Bildu usara en un consistorio los restos de una víctima de ETA como elemento de reciclaje de los residuos urbanos. El escándalo sería inmediato, y normal, porque sería una aberración miserable de difícil calificación. Pero dicen que no se puede pactar por Bildu por su falta de recorrido ético.