En plena pandemia se espera que los ataques a los derechos de la clase trabajadora vengan de la situación económica sobrevenida, de la oposición al servicio de la burguesía, o de la patronal. Eso está asumido, se cuenta con ello. Forma parte de la contienda clasista habitual. Lo que se escapa de la comprensión es que sea el gobierno autodenominado más progresista de la historia el que quiera dar un rejonazo de muerte a los derechos de los más vulnerables a través de dos de sus miembros y de la anuencia de Pedro Sánchez.

Nadia Calviño es la servidora de la CEOE en el gobierno, todas las posiciones de la patronal están siempre representadas y ferozmente defendidas por la vicepresidenta económica del gobierno. Su rechazo a la subida del salario mínimo interprofesional es la última batalla dada por Calviño contra los derechos de los trabajadores que se enorgullece en liderar. No existe debate en el seno del gobierno en el que Nadia Calviño no defienda los intereses de la patronal en ese fractal de negociación colectiva que es cada consejo de ministros y en el que Yolanda Díaz juega el papel de los sindicatos.

No conviene engañarse demasiado. Nadia Calviño está en el ejecutivo para eso, es el papel que le otorgó Pedro Sánchez para atar en corto las intenciones de Unidas Podemos. No hace falta que el presidente diga qué tiene que defender Calviño en lo que respecta a las relaciones laborales porque le sale natural, es su ideología. Por eso está en ese puesto tan importante en el ejecutivo. Si metes a un lobo en un redil de corderos no es preciso dar instrucciones al lobo para que actúe contra los corderos. Cada decisión de Nadia Calviño como lastre de progreso de los derechos de los trabajadores es una decisión de Pedro Sánchez.

La subida del SMI es una batalla más entre la ambición progresista de Unidas Podemos en materia social y el ancla liberal de Nadia Calviño. Pero esta sorprende especialmente por ser tan simbólica y tener como claro perdedor en el espectro progresista las aspiraciones de reacción que encarna el postulado del sector socioliberal del PSOE. Es imposible defender, sin coste en tu electorado, la congelación del SMI y copiar las dos únicas veces que eso sucedió en democracia, en el año 2012 y 2014 con el gobierno de Mariano Rajoy. Es una batalla perdida en su espectro cuando el debate aflora en la opinión pública. Por eso la estrategia de Unidas Podemos es sacarlo a debate cuando pierde internamente o las resistencias son tan potentes que pueden descarrilar la medida. Y es una estrategia efectiva.

El otro miembro del gobierno que ha asombrado al espectro progresista ha sido Jose Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al plantear la propuesta de elevar a 35 años el cálculo de la pensión, lo que supondría una rebaja sustancial de la pensión de todos los españoles que aún no se hayan jubilado, en especial de los más jóvenes en la actualidad. Toda una declaración de guerra a la clase trabajadora, una línea roja que ningún sector progresista tolerará y que deja el camino expedito a Unidas Podemos para plantear una resistencia efectiva en el seno de la izquierda. Las medidas neoliberales que atentan contra los derechos de la clase trabajadora están viniendo de un sector específico del gobierno a los que Pedro Sánchez usa como contrapeso de Unidas Podemos. Es su decisión política, pero que no se extrañe cuando se les acuse de trabajar para la patronal y dar validez al argumento de que necesitan a los de Pablo Iglesias en el gobierno para tomar medidas valientes y ambiciosas en materia progresista. Hay un lobby de la CEOE en el gobierno, al que Sánchez mima para que el IBEX le acompañe en esta legislatura, y Nadia Calviño es su cabeza visible.