La ley para ser justa tiene que ser clara, concisa, valiente y tratar por igual hechos similares para no convertirse en un instrumento discrecional. La coherencia ha de ser una guía en lo que respecta a la instauración del corpus legislativo. La Ley de Memoria Democráticano puede ilegalizar fundaciones por enaltecer el franquismo y permitir que partidos existan realizando los mismos hechos. O todos legales, o todos prohibidos.
Los partidos de la Izquierda Abertzale han estado años ilegalizados buscando cumplir una serie de reglas democráticas, que en ocasiones eran morales, y que les exigían condenar la violencia del terrorismo de ETA, sin añadidos, sin circunloquios o excusas discursivas que le permitían exudar cinismo diciendo que condenan todas las violencias. Cuando se habla de que la democracia española no es militante se olvida que para ser legal había que expresar de manera muy precisa una afirmación tal y como iba dictada por las leyes del Estado. Una adhesión inquebrantable a los postulados hegemónicos marcados en letra legislativa. Si eso vale para la violencia de ETA, si eso vale como elemento subjetivo para legalizar un partido debe existir la misma exigencia con la violencia franquista. Porque ambas, la violencias de ETA en democracia, y la del Franquismo en dictadura, fueron las violencias supremas. Las que como país hemos sufrido. Las que conforman el tronco fundamental del dolor de nuestra memoria colectiva.
La Ley de Memoria Democrática prevé ilegalizar a las fundaciones que hagan apología o enaltezcan la figura del dictador. Es una figura ad-hoc para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Tengo mis dudas sobre la necesidad de hacerlo desde el punto de vista pragmático atendiendo a la falta de Historikerstreit en nuestro país. Una necesidad ineludible sin la que establecer el delito de apología del franquismo puede ser contraproducente. Pero si se establece, hay que actuar con valentía y hacer cumplir la ley: si se ilegaliza la Fundación Francisco Franco por sus actividades hay que valorar iniciar el proceso de ilegalización de VOX. No puede darse una sin la otra.
VOX es un partido franquista. No solo por sus ideas, sino también por sus vínculos. Existen menos pruebas de la vinculación de los partidos abertzales ilegalizados con ETA que los de VOX con el Franquismo y la Fundación que quiere ser ilegalizada. Si la democracia española es militante, como ya lo ha sido en determinados aspectos, tiene que serlo con VOX e iniciar el proceso de ilegalización si se aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática. Si el partido de Abascal no indica de manera inequívoca e unívoca en sus estatutos el rechazo a la dictadura de Francisco Franco y la condena de sus crímenes no es digno de participar en nuestra democracia. Sin juegos dialécticos, sin hablar de condena de los totalitarismos. Porque si no les valió a los partidos abertzales, no tiene que valerle a VOX.
