Cientos de miles de
causas judiciales amontonadas en los juzgados y que podrían no ver nunca la luz
porque los fiscales apenas han podido revisar 100.000 del medio millón de
procedimientos abiertos, que con la reforma del Gobierno, se archivarían
automáticamente en apenas tres semanas.
"Estas causas caducarán y no podremos pedir más
diligencias, no podremos seguir investigándolas y con ese acopio de pruebas que
tengamos, tendremos que tomar la decisión de seguir adelante y acusar o no",
explica Alvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales.
El Gobierno impuso un plazo máximo de instrucción de seis meses. Solo prorrogable otros 18, si el fiscal lo pide expresamente al juez, unos tiempos inasumibles para la judicatura. "Hay pruebas fundamentales que tardan dos años en realizarse", explica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.
La Unión Progresista de
Fiscales espera ahora que el Gobierno cumpla con la palabra dada cuando sacó
adelante la Ley: "En ningún caso va a haber impunidad".
La oposición, sin
embargo, cree que la Ley de plazos, en realidad, esconde una trampa. "Habrá
muchos casos de corrupción que van a quedar impunes", explica Margarita Robles,
del PSOE.
Las asociaciones de
jueces y fiscales creen que con esta Ley en vigor, hubieran quedado impunes
casos como Nóos, Gürtel o los ERE de Andalucía.