La candidatura de Isabel Díaz Ayuso a presidir la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en polémica durante la última semana. Los motivos son varios.

Por un lado, están las informaciones sobre que Ayuso promocionó en redes sociales la imagen de Esperanza Aguirre. Frente a esto, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, recalca que "no hay ninguna posibilidad, en principio, de que por ello pueda estar relacionada con la caja B del PP".

A pesar de que el hermano del conseguidor de la trama 'Púnica' asegurase ante el juez que instruye el caso que hablaba con Ayuso: "Era la que me pedía ayuda".

Lo que no la exime, dice Bosch, de que pueda darse "responsabilidad política, sobre la posible proximidad a personas que están siendo investigadas por temas de corrupción". Esto, "deberá tratarse en el ámbito parlamentario autonómico".

Por otro lado, las informaciones que señalan que Ayuso podría haber incurrido en un alzamiento de bienes. El alzamiento de bienes, tal y como explica el magistrado, "implica un desapoderamiento patrimonial con la finalidad de eludir una deuda". Este delito podría conllevar penas de prisión.

Y añade, "las informaciones publicadas parecen confirmar un tipo de conducta de este tipo, si fuera cierto". Con ello se refiera a un correo que Ayuso envió a un directivo de Avalmadrid, que apunta a que era consciente del inminente embargo de la empresa de su padre.

Según dichas informaciones, "el padre de Ayuso pidió un préstamo a Avalmadrid, una empresa semipública. Cuando apareció una insolvencia y no se podía pagar, hubo un desapoderamiento patrimonial por la que el padre, avalista solidario, hizo dos donaciones a su hija que impedirían el pago".

"Pudo haber una conducta fraudulenta y quizás delictiva, lo que ocurre es que los hechos habrían prescrito porque son de 2012 y el plazo suele ser de cinco", indica Bosch. E insiste: "Que no se pueda perseguir penalmente, no significa que no pueda haber responsabilidad política".

También, el juez se pregunta por qué Avalmadrid deja prescribir un posible delito sin ejercer acciones, "cuando los bancos suelen perseguir implacablemente a los deudores y aquí no se ha perseguido".