Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cumplido el proyecto electoral incluido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, aprobando el proyecto de ley que permitirá suprimir el Consejo Consultivo.

Se espera un ahorro de más de 2 millones de euros al año si el PP cuenta con el apoyo necesario de otros grupos para sacar adelante dicha reforma legal.

Esta decisión dejará sin trabajo a Alberto Ruiz Gallardón, Ignacio González y Joaquín Legina entre otros. Este último ha sido el más crítico con esta decisión, teniendo en cuenta los 8.500 brutos que cobran por repasar textos y reunirse una vez a la semana.

A pesar de las quejas, esta no es la primera vez que se pone en duda la utilidad de este organismo, y ahora serán los servicios jurídicos regionales los que ejerzan la función consultiva.