Las recientes muertes durante la peregrinación a la Meca han puesto al descubierto un preocupante mercado negro y prácticas ilegales detrás de este sagrado ritual islámico. Según informes del Gobierno de Arabia Saudí, más del 80% de las fatalidades registradas corresponden a peregrinos que realizaron el viaje sin la licencia obligatoria. Cada año, se emiten 1,8 millones de licencias, pero su disponibilidad y coste varían significativamente según el país de origen del peregrino.
Para muchos musulmanes, la peregrinación a La Meca es un deber religioso que se debe cumplir al menos una vez en la vida. Sin embargo, los altos costes de los paquetes legales impulsan a muchos a recurrir a operadores ilegales que ofrecen servicios a precios más bajos, alrededor de 2.000 o 3.000 euros. Esta alternativa suele resultar en condiciones extremadamente peligrosas: peregrinos abandonados a mitad del camino, largas caminatas bajo el sol abrasador sin acceso a agua ni instalaciones sanitarias adecuadas.
Este año, las condiciones han sido especialmente desafiantes debido a temperaturas que han alcanzado los 50 ºC en algunas áreas, exacerbando el riesgo para quienes emprenden el viaje ilegalmente. A pesar de los repetidos llamados a regularizar estas prácticas y asegurar la seguridad de los peregrinos, muchas autoridades no han actuado con la diligencia necesaria para prevenir estas tragedias.
En respuesta a las crecientes preocupaciones, varios países como Egipto, Jordania y Túnez han comenzado a tomar medidas. Egipto ha anunciado la revocación de licencias para 16 empresas responsables de organizar viajes ilegales, mientras que la fiscalía de Jordania ha iniciado investigaciones. En Túnez, incluso se ha destituido al ministro de asuntos religiosos debido a las irregularidades en la organización de la peregrinación.
La primera en 33 meses
Todas las ideas y propuestas que se van de la Conferencia de Presidentes sin ningún tipo de acuerdo o compromiso
Falta de consenso La reunión trató sobre vivienda y financiación autonómica, pero no hubo acuerdo en medidas de vivienda ni en el reparto de menores migrantes no acompañados. El Gobierno solo dio recomendaciones.