El enfrentamiento entre PSOE y PP ha llegado a su punto álgido con el recurso al Tribunal Constitucional. El PSOE acusa al PP de querer utilizar el Senado para demorar la amnistía, argumentando que esta medida es inconstitucional. La tensión aumenta, ya que las interpretaciones de la Constitución se vuelven el centro del conflicto, en especial, el artículo 115 que limita las acciones del presidente. Un lío legal que pone a prueba la solidez de las instituciones.
El segundo frente se abre con el PP contraatacando desde varias comunidades autónomas. Andalucía, Castilla y León, Región de Murcia y Baleares presentan recursos ante el Tribunal Constitucional para impugnar la ley de amnistía.
El PP, respaldado por su mayoría en el Senado, busca retrasar la tramitación con cambios en el reglamento. Un pulso legal que, de prolongarse, podría tener consecuencias directas sobre las causas judiciales del procés, amenazando con reabrir viejas heridas.
El tercer episodio de esta saga legal lo protagoniza Vox, que lleva la disputa al Tribunal Supremo. La formación de derecha extrema se querella contra Sánchez y exige la suspensión cautelar de la investidura, alegando cohecho, colaboración con terrorismo y usurpación de funciones.
Aunque la probabilidad de que el Tribunal Supremo acceda a esta petición es baja, la movida busca generar impacto mediático en medio de una compleja trama judicial y política.
Con los tres casos en juego, el panorama político y legal se torna incierto. La resolución en el Tribunal Constitucional podría demorarse más de un año, mientras las comunidades autónomas del PP y Vox intentan bloquear la amnistía desde distintos frentes.
En medio de este caos jurídico, la atención se centra en la capacidad de las instituciones para mantener la estabilidad y salvaguardar el orden constitucional en un momento crucial para la democracia española.
Una diferencia visible
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