El presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, analiza en Al Rojo Vivo las consecuencias que podrían tener para el rey emérito si la justicia prueba las últimas informaciones que señalan que ordenó crear una estructura para ocultar el dinero saudí y que incluso su firma figura en los estatutos de una sociedad panameña constituida con este fin.
Cruzado señala que el documento al que ha tenido acceso 'El Confidencial' situaría al rey emérito "a la cabeza, dirigiendo y como primer beneficiario de esta fundación".
El presidente de GESTHA señala que a efectos de posibles responsabilidad se trata de algo anterior de 2014, por lo que la investigación se debería centrar en las actividades a partir de junio de 2014 "para ver si incurre en posibles delitos que pudieran ser perseguibles".
Y sostiene que en el caso de que el rey tuviese en este momento dinero en Suiza sin declarar ante el fisco, sería delito: "Si se puede probar que continúa teniendo fondos en el extranjero y no los ha declarado en el modelo 720 que como todo ciudadano tendría que presentar, estaríamos ante una ganancia patrimonial no justificada y se imputaría al último año no prescrito".
Delito fiscal agravado
Según explica Cruzado, en este caso y en este momento, se remontaría al año 2016, donde ya no podría entrar en juego la inviolavilidad, "por lo que se le practicaría la liquidación correspondiente y si la cuota dejada de ingresar superara los 120.000 euros, como parece que es, estariamos hablando de delito fiscal agravado para el que el código penal contempla penas importantes", ha señalado.
En su declaración ante el fiscal de Ginebra, y según recoge en exclusiva 'El Español', el abogado suizo Aturo Fasana aseguró que no existe un "documento oficial" que demuestre que los 100 millones de dólares ingresados en la Fundación Lucum fueron un "regalo" a Juan Carlos I del rey de Arabia Saudí y que Juan Carlos l no había declarado ("que yo sepa", dijo ante el fiscal) los fondos de la fundación a las autoridades fiscales españolas.
El fiscal Bertossa considera, según figura en la declaración, que Fasana gestionó ese patrimonio "sin haber tomado todas las medidas necesarias para asegurar que los fondos fueran de origen legal" y sospecha que la cantidad ocultaba por el rey emérito pudo ser una retrocomisión pagada por el consorcio de empresas españolas que resultaron adjudicatarias del tren AVE entre Medina y La Meca.
En cualquier caso, Cruzado ha explicado que habrá que determinar si se acogió a la amnistía fiscal o no, porque en caso afirmativo no sería delito. En esta línea ha destacado que ya ha llegado parte de la documentación requerida a la fiscalia suiza, y ha señalado que espera que la justicia española funcione y depure responsabilidades