Aurora González se vió obligada a interrumpir su embarazo a las 16 semanas, además, para hacerlo en un paritorio y con epidural, tuvo que viajar hasta una clínica privada de Madrid. Es la opción que le ofreció la Xunta si quería contar con esos servicios.
"Pregunté que si no había ningún hospital público de Galicia en el que se pudiera interrumpir un embarazo de forma legal y me dijeron que no", dice Aurora. Como ella, otras 70 mujeres gallegas se han desplazado para abortar, acarreando gastos y situaciones traumáticas.
"Sólo abonan el desplazamiento. Te ves sola y maltratada por la Sanidad Pública", declara Leticia. Ella tuvo que quedarse en su hospital. Además, denuncia que la dejaron sola y que no fue atendida por ningún especialista. "Parir a tu hijo muerto en un baño de pie es muy duro", lamenta.
La Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto critica esta falta de atención médica y piden que se refuerce el número de especialistas. "En la planta dónde abortan las mujeres solo hay una matrona que es la supervisora, pero claro ella no está las 24 horas", declara Chus Díaz.
De momento, la Xunta descarta contratar a más personal ya que considera que las denuncias se deben a una falta de comunicación en los protocolos. "Lo que vamos a pedir a los equipos directivos es que revisen sus protocolos y que traten de detectar alguna disfunción", explica Jorge Aboal, director de Asistencia Sanitaria de la Xunta.
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