María oculta su rostro porque sigue teniendo miedo. "No quiero ser una más. No quiero que a mi madre le den una medalla al mérito policial. No quiero que en mi tumba pongan la gorra que quiero seguir luciendo ahora", lamenta. Ella es miembro del Cuerpo Nacional de Policía, y durante un año sufrió las vejaciones y palizas de su expareja hasta que se atrevió a denunciar.
Con una sentencia firme, pidió a sus superiores ser trasladada a otra Comunidad Autónoma. "Me entrevisté con un jefe y me preguntó si en Ávila no me habían enseñado cuál era el perfil de un maltratador", recuerda María. Le concedieron esa petición, como marca la ley, pero sólo hasta que se cumplió la orden de alejamiento.
Ahora, un informe sostiene que ya no hay peligro, y ha tenido que volver a su puesto de origen, una comisaría que está a sólo un kilómetro del domicilio de su agresor. "Me lo he encontrado un par de veces. Pasó por delante de mi trabajo, creo que como diciendo: 'que sepas que aún estoy aquí, se dónde estás, sé dónde trabajas'", asegura.
El sindicato CSIF denuncia que, aunque la Adminitración cumple la ley, no siempre ofrece la protección adecuada a las funcionarias víctimas de violencia machista. "Con una orden de alejamiento no puedes darle a una mujer tres meses de traslado porque eso la está condenando a un dolor, un sacrificio y una angustia que no tiene por qué atravesar", critica Marian Mur, secretaria nacional de Igualdad del CSIF.
Según fuentes policiales, la ley se cumple porque los traslados se conceden, aunque sean temporales. Sien embargo, María está sufriendo, según acusan sidicatos, las lagunas de la legislación. "Nos silencian y nos instan a que no denunciemos. Juegan con el miedo psicológico. Sigue siendo un cuerpo machista a día de hoy", destaca María. Por eso pide ayuda, porque ella no quiere ser una víctima. Sólo quiere seguir siendo policía.
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