Con esta iniciativa, aprobada por unanimidad en las Cortes, se ha adaptado la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, "incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos".
La modificación de la Ley del Tribunal del Jurado se publicó en el BOE el pasado 14 de diciembre.
Así, la Justicia está obligada a proporcionar apoyos y a realizar ajustes para que se pueda llevar a cabo ese desempeño en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.