El Ministerio de Justicia ha detectado en 14 meses a 746 personas condenadas por delitos sexuales que habían solicitado el certificado para trabajar en contacto habitual con niños, según datos oficiales.
Con la modificación del sistema de Protección a la infancia y la adolescencia de 2015, el Gobierno puso en marcha en marzo de 2016 el Registro Central de delincuentes sexuales con el objetivo de que las personas que realizan actividades con menores tengan la obligación de certificar que no tienen antecedentes de agresión y abuso sexual, acoso, exhibicionismo y provocación, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
Desde que se activó este sistema, en número de certificados emitidos alcanza los 2,5 millones, la gran mayoría negativos, excepto los 746 citados.
En total, en el Registro de delincuentes sexuales hay inscritas 42.227 personas.
Esta semana, la Fundación ANAR propuso a la Comisión de Infancia del Congreso que en la próxima modificación de la ley establezca la caducidad de los certificados negativos, de manera que tengan que renovarse de forma periódica con el fin de evitar que se comentan delitos de esta naturaleza una vez obtenida dicha acreditación.
