En España todavía no hay una ley estatal que englobe y proteja a todo el colectivo LGTBI, pero eso está a punto de cambiar: este martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley LGTBI, en la que el Gobierno lleva meses trabajando y que ha generado tensiones entre los miembros de la coalición.
El único texto legal a nivel de todo el país es la Ley 3/2007, que hace referencia al cambio de sexo de las personas transexuales pero que no contempla a los menores ni a los migrantes. Otro texto, aunque no con rango de ley, es una instrucción de 2018 que recomienda a los registros civiles a facilitar el cambio de nombre para los menores 'trans'.
El mapa, sin embargo, cambia cuando se estudia a nivel autonómico: trece regiones cuentan con leyes específicas para el colectivo, en tanto que solo cuatro -Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias- no han legislado en la materia.
Por otro lado, hay otras cuatro comunidades -Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- que cuentan con una ley específica para el colectivo 'trans'.
¿Qué supone que carezcan de estas leyes? Pues que los miembros del colectivo tienen distintos derechos en función de su lugar de nacimiento o de residencia. Tanto la FLGTB como COGAM exigen dos leyes diferenciadas: una ley LGTBI estatal de no discriminación y una específica para las personas 'trans', que sigue siendo el colectivo más vulnerable. Más del 80% de las mujeres 'trans' sufren exclusión laboral.
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