En España todavía no hay una ley estatal que englobe y proteja a todo el colectivo LGTBI, pero eso está a punto de cambiar: este martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley LGTBI, en la que el Gobierno lleva meses trabajando y que ha generado tensiones entre los miembros de la coalición.
El único texto legal a nivel de todo el país es la Ley 3/2007, que hace referencia al cambio de sexo de las personas transexuales pero que no contempla a los menores ni a los migrantes. Otro texto, aunque no con rango de ley, es una instrucción de 2018 que recomienda a los registros civiles a facilitar el cambio de nombre para los menores 'trans'.
El mapa, sin embargo, cambia cuando se estudia a nivel autonómico: trece regiones cuentan con leyes específicas para el colectivo, en tanto que solo cuatro -Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias- no han legislado en la materia.
Por otro lado, hay otras cuatro comunidades -Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- que cuentan con una ley específica para el colectivo 'trans'.
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¿Qué supone que carezcan de estas leyes? Pues que los miembros del colectivo tienen distintos derechos en función de su lugar de nacimiento o de residencia. Tanto la FLGTB como COGAM exigen dos leyes diferenciadas: una ley LGTBI estatal de no discriminación y una específica para las personas 'trans', que sigue siendo el colectivo más vulnerable. Más del 80% de las mujeres 'trans' sufren exclusión laboral.
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