'Operación Socavón'
Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse en un chalé de Madrid y envían a prisión a un matrimonio proxeneta
Los detalles Una pareja explotaba sexualmente a unas 15 mujeres latinoamericanas durante 11 años en un chalet. Las víctimas vivían hacinadas en el sótano y eran obligadas a trabajar las 24 horas. Seis personas han sido detenidas.
Resumen IA supervisado
La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres, incluidas menores, forzadas a prostituirse en un chalet de Madrid, gestionado por un matrimonio ahora en prisión. La 'Operación Socavón', llevada a cabo por la Brigada de Extranjería, resultó en la detención de cuatro mujeres por delitos relacionados con la trata, corrupción de menores y drogas. Las víctimas, unas 15, vivían en condiciones deplorables y eran obligadas a trabajar 24 horas. La organización obtenía hasta dos millones de euros anuales. Las mujeres eran captadas en sus países con deudas crecientes y sanciones. La Policía destaca la importancia de la denuncia ciudadana para combatir esta explotación.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución —incluyendo menores de edad— en un chalet de la calle Marqués de Hoyos, junto a Arturo Soria, alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión. La pareja explotaba sexualmente a ciudadanas latinoamericanas en esta vivienda durante los últimos 11 años.
En la denominada 'Operación Socavón', desarrollada por el Grupo VI de lucha contra la trata de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, fueron detenidas además cuatro mujeres, todas acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, corrupción de menores y tráfico de drogas. La operación se inició gracias a la denuncia de dos víctimas.
Las mujeres explotadas, unas 15 en total, vivían hacinadas en el sótano del chalet, con ventilación insuficiente y rejas en las ventanas, mientras eran obligadas a trabajar las 24 horas. La Policía calcula que los beneficios de la organización alcanzaban los dos millones de euros al año, lo que supone hasta 6.000 euros en una sola mañana. Durante cuatro días de vigilancia, los agentes contabilizaron más de 600 movimientos, en los que constataron la presencia de menores, confirmada además por los testimonios de las víctimas.
Según los inspectores jefes Víctor de las Heras y Tomás Santa María, la organización seguía un patrón habitual en redes de trata: captaban a mujeres vulnerables en sus países de origen, a menudo con una deuda por billete y alojamiento, que aumentaba si incumplían un supuesto contrato de exclusividad que firmaban sin conocer su contenido. Las víctimas también eran sancionadas con multas por negarse a prostituirse con menores o incluso por conductas como sentarse sin ropa interior, con recordatorios visibles en carteles y pizarras dentro de la vivienda.
Los responsables de la red gestionaban un portal web en el que publicaban fotos de las mujeres y sus servicios, facilitaban el contacto con clientes y establecían cláusulas de cesión de imágenes y exclusividad en el inmueble. Un timbre alertaba a las víctimas para interrumpir cualquier actividad —incluso comer— y presentarse ante los clientes. La organización contaba con encargadas en turnos de 12 horas, que controlaban llamadas, citas, cobros, venta de drogas y supervisión de la limpieza del chalet, imponiendo multas cuando no se cumplían sus órdenes.
El chalet tenía tres plantas, de las que solo el sótano estaba destinado a alojamiento de las víctimas. Allí dormían en dos pequeñas habitaciones con literas, sin espacio para sus pertenencias, y con ventilación mínima a través de ventanucos bloqueados con rejas. El único baño disponible estaba también en el sótano.
La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana para frenar este tipo de explotación. Cualquier persona que conozca o sufra una situación similar puede denunciarla a través del teléfono 900 10 50 90, el correo trata@policia.es, o mediante las vías habituales de contacto con la Policía Nacional, incluyendo el 091 o cualquier dependencia policial.
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