El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 500 euros a cada uno de los 119 rastreadores a los que dio un "trato desconsiderado" cuando se vio obligada a readmitirlos el pasado año. El TSJM señala que se les obligó a estar "toda la jornada sin nada que hacer y sin posibilidad de trabajar" hasta que fueron cesados para "mortificar" a los demandantes.

Los trabajadores, según un comunicado de CCOO, sufrieron este trato como represalia por haber denunciado en octubre de 2022 su cese previo, que consideraban irregular, en un caso judicial que ganaron y que obligó a la Comunidad a readmitirles.

El auto recoge que la Consejería de Sanidad ubicó a los trabajadores en una planta baja en la que no tienen puestos de trabajo y donde había mesas, sillas y otros enseres almacenados; y no se les entregó material hasta varios después, incluyendo "ordenadores sin conexión a la red".

El auto también considera probado que "no les dio trabajo ni orden o explicación alguna", y "tampoco se les permitía subir a otras plantas ni comunicarse con los compañeros que estaban en ellas".

Recurrir por vulneración de derechos fundamentales

Así, CCOO denuncia que estuvieron "confinados" en un espacio "sin medios materiales" para prestar servicios, sin tareas asignadas y "sin ofrecerles una explicación ni permitirles comunicarse con otros trabajadores", en lo que consideran un "trato vejatorio".

Y añade el sindicato que esta situación "podía haberse obviado con un permiso retribuido mientras se tramitaban el cese que posteriormente se ha producido", evitando esta situación "arbitraria e innecesariamente" que, a su juicio, buscaba "mortificar a los demandantes".

Ahora CCOO tiene intención de recurrir este fallo porque, aunque sí obliga a indemnizar a los trabajadores, no reconoce la existencia de vulneración de derechos fundamentales, algo que defiende el sindicato.

Siguen "maltratando"

Por otro lado, la organización sindical reprueba también que la Dirección General de Salud Pública sigue "maltratando" actualmente a otros trabajadores a su cargo, en este caso, a los que se encargan de las unidades técnicas de salud pública, que se ocupan de la prevención e inspección de la seguridad alimentaria o la calidad del agua.

Critica CCOO que la Consejería quiere retirarles de sus zonas de actuación y "centralizar en un solo punto", ante lo que piden que se mantenga la organización actual, similar a la que existe en el ámbito sanitario, con cinco zonas que se corresponden con los puntos cardinales y centro, para "garantizar la proximidad al territorio" y "controlar y garantizar una salud pública de calidad".