Para el colectivo de juezas, la interpretación de la Audiencia de Navarra, que el pasado jueves condenó a cada uno de los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales y no por violación al excluir la existencia de intimidación, es la que ha ocasionado "desconcierto" y un "importante rechazo social".Y ello, añade AMJE, "abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica".
En su opinión, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas. "Se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores", defienden las juezas.
Abogan, no obstante, porque la confianza en la Justicia se construya tanto desde el respeto a las resoluciones como desde la crítica legítima. Todas las asociaciones de jueces han salido al paso en las últimas horas para defender a los magistrados del tribunal de los ataques desmedidos sufridos tras la sentencia que, en opinión de todas ellas, deslegitiman al Poder Judicial.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) acepta y entiende esas críticas pero lamenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carezca de la figura de un portavoz que dé servicio a los ciudadanos, con mayor pedagogía en las sentencias y que explique en "lenguaje comprensible" el porqué de las mismas.
A su juicio, esta carencia es aprovechada por algunos políticos que, "de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos" y su propio mandato constitucional, depositan toda la responsabilidad en el Poder Judicial y usan políticamente un hecho "triste y traumático" para una mujer.
"Más escandalosa" considera la AJFV la actitud del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque con sus declaraciones trata de subirse a la "tabla de salvación" de la sentencia mediática de la Manada para situarse frente al Poder Judicial "al que ni comprende ni protege ni provee de medios". Catalá aseguró que el Gobierno presentará "en semanas" al resto de partido una primera propuesta de reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales.
Jueces para la Democracia ha calificado de "inadmisible" esas manifestaciones y ha pedido la dimisión del titular de Justicia. Una reforma del Código Penal que hoy ha urgido al Gobierno el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, tras unos días de "reflexión serena" sobre la sentencia del caso de la Manada.
"Si nuestro Código Penal recoge como requisito imprescindible la violencia para acusar de violación y agresión a una persona, necesitamos hacer esa reforma del Código Penal cuanto antes para atender algo que es evidente", ha argumentado.
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apostado por pasar "de la decepción" de la resolución judicial "a la acción", si bien ha pedido que se haga una "reflexión serena sobre las normas y leyes que nos rigen" y que se produzca "el mayor consenso posible porque la violencia contra la mujer debe de tener un castigo ejemplarizante hoy y también mañana en España".
"Si no hay normas que dan ese castigo ejemplarizante ante una conducta infame contra una mujer, pues hay que cambiar las cosas", ha dicho. Para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, esta sentencia evidencia que "queda un trabajo importante de reformar mentalidades" y de hacer "más formación en perspectiva de género en jueces, fiscales y todo el ámbito de la Justicia". "Yo comprendo cómo se siente la gente, que haya salido a la calle", ha indicado Díaz, quien ha instado a ponerse "en la piel de lo que están pasando muchos padres, madres, abuelos y abuelas, mirando a sus hijas y sus nietas".
También se ha pronunciado el aspirante a la candidatura de Podemos a la Presidencia de Madrid, Íñigo Errejón, que ha pedido no perder de vista "la seguridad y la tranquilidad de las mujeres", y tomarse "en serio" una política penal, cultural y educativa que esté "a la altura de las necesidades, del reto y la amenaza que tenemos como país": la violencia contra las mujeres.
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